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En conversación con ABC Cardinal, el procurador general de la República, Sergio Coscia, explicó que pidieron a la IDH que se les permita declarar también oralmente a los fiscales que desestimaron la denuncia de privación ilegítima de libertad y tortura que hicieron Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez. Paralelamente, ambos son sospechosos de participar en 2001 del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi y desde 2003 están refugiados en Brasil.
“Queremos que los fiscales que llevaron la causa en contra de los policías, que fueron sobreseídos, que ellos testifiquen cuáles fueron sus actuaciones”, dijo. Se presentó un recurso, pero hasta el momento el Estado no tienen respuesta de la Corte Interamericana.
En la audiencia pública prevista para el 7 de febrero en San José, Costa Rica, solo declararán tres testigos orales y las partes presentarán los alegatos finales en forma oral. De parte del Estado paraguayo lo hará el ex fiscal general del Estado Óscar German Latorre Cañete y de la otra, Juan Francisco y su hermana Cristina Haydée Arrom Suhurt.
Latorre explicará ante los jueces de la IDH la investigación que hizo el Ministerio Público, a su cargo en ese entonces, y que concluyó en que Arrom y Martín nunca estuvieron secuestrados o que fueron torturados por policías. Sin embargo, los exfiscales Adolfo Marín, Juan Carlos Duarte y Édgar Sánchez, como así también el director forense del Ministerio Público, Pablo Ernesto Lemir, testificarán por escrito y vía affidávit, que es el acta notarial de una declaración jurada.
“Es mucho mejor, mucho más comprensible la declaración testifical, testimonial, presencial, que una declaración por escrito”, dijo Coscia en ABC Cardinal. Agregó que en estas condiciones habrá más posibilidades de ganar el juicio
Arrom y Martí denunciaron que fueron torturados por policías para que se declararan culpables del secuestro de María Edith Bordón y que estuvieron privados ilegítimamente de su libertad entre el 17 y el 30 de enero de 2002. En febrero de ese año, el Ministerio Público imputó por los supuestos delitos de privación de la libertad, desaparición forzosa y tortura a los policías Antonio Gamarra, del Departamento de Investigaciones de Delitos José David Schémbori y al entonces director del Centro de Investigación Judicial, Javier Benjamín Cazal Elizeche.
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Pero un año después, los fiscales Adolfo Marín, Édgar Sánchez y Rubén Villalba solicitaron el sobreseimiento definitivo de los tres. Hizo lugar al pedido el ahora exjuez Silvio Reyes. Argumentaron que los policías tenían coartadas firmes y que, además, Juan Arrom denunció en una comisaría que extravío su registro de conducir el 19 de enero en una comisaría, por lo que no pudo estar secuestrado ese día.
El escrito de sobreseimiento detalla que varios testigos indicaron que Gamarra estuvo en otros operativos, tanto el 17 de enero como en otros días siguientes. Se recogen testimonios que afirman que Schémbori se encontraba de vacaciones en esos días y participaba en actividades familiares. Entretanto, el testigo que sostuvo que vio a Cazal en la casa donde supuestamente estaban secuestrados Arrom y Martí después se contradijo.
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La defensa del Estado paraguayo pretende que los exfiscales brinden éstos y otros detalles a los jueces de la IDH. Sin emabrgo, hasta el momento, por affidávit testificarán 23 personas: seis supuestas víctimas, entre Anuncio Martí, sus familiares y los de Arrom; diez testigos propuestos por la parte acusadora, tres testigos propuestos por el Estado paraguayo, un perito propuesto por la representación, dos peritos propuestos por Paraguay y un perito propuesto por la CIDH.
Las testificales y alegatos por escrito se pueden presentar hasta el 8 de marzo. Posteriormente, los jueces de la IDH pasarán a deliberar.
En septiembre de 2017 se dio a conocer la investigación de la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) que concluyó que sí existieron violaciones de Derechos Humanos, tanto contra Arrom y Martí, como en contra seis familiares de éstos. En su informe Nº 100/17 recomienda al Estado paraguayo un resarcimiento económico, pero no hace referencia a ningún monto.
Arrom y Martí piden cada uno US$ 20 millones y en total las ocho supuestas víctimas reclaman US$ 63 millones, según confirmó el vicecanciller Hugo Saguier Caballero. También exigen una disculpa pública, que una plaza lleve su nombre y que se reabra el caso de tortura y secuestro, contó Sergio Coscia.
El Gobierno anunció que no pagará el resarcimiento, por lo que el caso se elevó a la Corte Interamericana de DD.HH., órgano jurisdiccional de la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia de Derechos Humanos al que está sometido Paraguay mediante un tratado internacional.
En caso de que el Estado paraguayo sea condenado, la IDH determinará el monto de la indemnización para cada una de las víctimas y puede establecer otros compromisos que debe cumplir el Gobierno.
María Edith Bordón de Debernardi fue secuestrada el 16 de noviembre de 2001 en el parque Ñu Guasu, Luque. Estuvo 64 días en poder de la banda que hoy es conocida como EPP. Su marido, el ingeniero Antonio Debernardi, pagó US$ 1.000.000 por el rescate y fue liberada el 19 de enero de 2002.
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El plagio extorsivo lo hizo una facción armada del Partido Patria Libre, que luego terminó por consolidarse en el grupo criminal autodenominado EPP. Juan Arrom y Anuncio Martí, dirigentes de Patria Libre, ya estaban siendo investigados semanas antes de la liberación y también contaban con pedido de captura de la Fiscalía.
Tras el escándalo en la Policía por las torturas denunciadas, Arrom y Martí siguieron bajo investigación del Ministerio Público, pero con medidas alternativas a la prisión. Poco después de que los policías fueron sobreseídos, dejaron de presentarse ante el juzgado y en agosto de 2003 fueron declarados rebeldes. Ya se habían escapado al Brasil.
En diciembre de ese año obtuvieron el reconocimiento del estatus de refugiados por haber “demostrado o fundado temor de persecución por motivos de orden político”, recalca la nota técnica del Comité Nacional para los Refugiados (Conare) del vecino país. Argumentaron una persecución política a pesar de las sospechas de participar de un secuestro y de sus conexiones con los inicios del EPP.
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Desde 2016, el Estado paraguayo viene solicitando constantemente al gobierno de Brasil la apertura del proceso de refugio para luego poder pedir una extradición, a fin de que Arrom y Martí finalmente enfrenten un juicio oral y público por el plagio de María Edith Bordón de Debernardi. Hasta el momento, toda solicitud fue denegada y se hizo una nueva solicitud el 10 de enero pasado.