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La agente fiscal de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Orden Económico y Anticorrupción, Victoria Acuña Ricardo, formuló imputación contra 40 funcionarios de la Essap por supuesta lesión de confianza contra el patrimonio de la entidad.
En la lista de imputados figuran el expresidente de la aguatera estatal Osmar Ludovico Sarubbi Gamarra, Ricardo Adolfo Brítez González, Jhoni Báez Santacruz, Jorge Wilka, Luis Alberto Ramón Suárez González, Óscar Basso, Roberto Bogado, Francisco Torres, Humberto Samaniego, Juan Celso López, Derlis Cabrera, Óscar Méndez Bueno, Adriana Arce, Miguel Quinto, Carlos Estigarribia, María Eugenia Bachero, Daniel Ojeda, Lilian Godoy, Néstor Roa, Terecio Cáceres, Fabián Rivarola, Emiliano Coronel, Virgilio Riveros, José Ríos, Ermes Raúl Villa, César Sitjar, Osmar Osorio Kreitmayr, Gladys Alcaraz, Orlando Barrios Fernández, Rocío Grommeck, Roberto Rojas, Cristina Sosa, Carlos Molinas Báez, María Jacinta Núñez, Lilian Céspedes, Jorge Benítez, Cándido Benítez Villalba, Jesús Rodríguez, Evelio López Kiese, Susana Leiva y Juan Alberto Martínez Gómez.
La Fiscalía refiere que en el periodo fiscal 2015 al 2016 comprendido entre el 1 de enero de 2015 y junio de 2016, Osmar Ludovico Sarubbi Gamarra habría firmado órdenes de pago y cheques para la adquisición de productos y servicios en carácter de anticipos de fondos a rendir, cuyos montos superaban ampliamente el límite para el efecto, según se desprende de la Ley 2051/03, siendo abonados estos fondos a pesar de no existir contraprestación.
Para ello, Ricardo Adolfo Brítez González, quien cumplía funciones en ese momento como gerente administrativo, ante los pedidos de los encargados de departamentos varios de la institución, solicitaba a su vez mediante memorándum al gerente financiero, “en carácter de urgencia”, los anticipos consistentes en sumas que superaban el límite que era de hasta 20 jornales mínimos (equivalente a la suma de G. 1.403.120) por cada adquisición o servicio.
Por su parte, Jhoni Báez Santacruz, en su función de gerente financiero, ante dichos pedidos de desembolso realizaba los procedimientos necesarios para que finalmente se genere la orden de pago con el cheque respectivo. Jorge Wilka era el encargado de la Unidad de Tesorería, donde se generaban las órdenes de pago y cheques a la orden de Ricardo Adolfo Brítez González. Una vez efectivizados los montos, se rendían cuentas a la Gerencia Financiera a cargo de Jhoni Báez Santacruz.
Las órdenes de pago eran firmadas por el presidente del directorio, Osmar Ludovico Sarubbi, con el visto bueno del gerente financiero Jhoni Báez Santacruz y del encargado de la Unidad de Tesorería, Jorge Wilka.
Los cheques eran firmados por Osmar Ludovico Sarubbi y el gerente financiero Jhoni Báez Santacruz. De las comunicaciones internas se desprende que la Gerencia Administrativa a cargo de Ricardo Brítez realizaba la rendición de los fondos utilizados al gerente financiero Jhoni Báez, adjuntando copias de facturas del proveedor, comprobante de retención y recibo de pago a los proveedores, no así las actas de entrega de los productos y prestación de servicios.
El Ministerio Público habla también de supuestas debilidades en el sistema de control interno, como órdenes de pago sin firma del presidente de la entidad y facturas no válidas, según reportes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Existen también compras realizadas sin presupuesto o con un solo presupuesto con los fondos de caja chica, que de acuerdo a dicho informe totaliza la suma de G. 17.590.301.286.
Los investigadores creen que los funcionarios de referencia eran los responsables de las rendiciones de cuentas ante la utilización de los fondos de anticipos financieros de la ESSAP. Sin embargo no habrían rendido cuentas de la utilización de dichos montos. Además existe la sospecha de que no se han adquirido los bienes ni se han prestado los servicios para los cuales la institución realizó cuantiosos desembolsos.
La agente fiscal solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados, a fin de garantizar la comparecencia de los imputados al proceso, considerando que existen indicios racionales de la comisión de una acción delictiva las siguientes. Los procesados tienen prohibición de salida del país, obligación de comparecer ante el Juzgado cada mes, caución real y otras medidas que el Juzgado considere necesarias.