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En junio del año pasado, cuatro senadores presentaron un proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Este se denomina: “Que establece la obligación de conservar datos de tráfico” y fue impulsado por Robert Acevedo, Fernando Silva Facetti, Arnaldo Giuzzio y Arnoldo Wiens.
De acuerdo a estos senadores, el control de tráfico de datos permitirá prevenir la delincuencia en internet y la “realización de conductas antijurídicas que ponen en peligro diversos bienes jurídicos protegidos por el Estado”. De aprobarse, la ley permitirá saber “la dirección del abonado o usuario que acceda a internet, el IP (puerto de acceso), la hora y fecha de conexión y desconexión del servicio de internet, los datos necesarios para identificar el equipo de comunicación y la ubicación geográfica”.
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Es decir, la vida que usted hace en internet será, a futuro, controlada por el Estado.
A pesar que los senadores argumentan que solo se guardarán los datos de tráfico y no los contenidos del uso de internet que cada usuario realice, no hay forma de saber si el Estado va a monitorear todo lo que usted hace en internet. Un dato importante es que el Gobierno podría retener los datos por un año, en caso de que el proyecto prospere.
Es por eso mismo que la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, presidida por Olga Ferreira de López, no está a favor que de que este proyecto se apruebe: para evitar los abusos del Estado.
Varias organizaciones que luchan por la libertad del manejo de datos en internet se oponen a este proyecto por considerar el primer paso al cercenamiento de la libertad de expresión en nuestro país. Todos los movimientos de los ciudadanos serán controlados, como en la novela “1984”, de Orwell.
Una de estas organizaciones es la ONG Tedic “Tecnología, educación, desarrollo, investigación y comunicación”. Dentro de una página especialmente diseñada para contrarrestar este proyecto (www.pyrawebs.tedic.org) se han registrados varios testimonios para demostrar que esto podría ser ilegal.
“Los 35 de años de dictadura en Paraguay marcaron desde los años '60 a una sociedad con miedo y silencio. Este Estado policial no es nuevo y, aún peor, que esa vigilancia será hecha por empresas privadas. Queremos un país democrático, no a la ley #pyrawebs”, afirmó Maricarmen Sequera, directora ejecutiva de Tedic.
“No es solo un tema de privacidad sino que es un tema de democracia. La vigilancia policial generalizada es la definición misma de un estado policial. No a la ley #pyrawebs”, remarca el testimonio de Katitza Rodríguez, directora de Relaciones Internacionales de Electronic Frontier Foundation.
El proyecto figura como el décimo punto a tratarse mañana en Diputados. De no analizarse, tendrá sanción ficta el próximo 12 de marzo.