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El fiscal mencionó que los escribanos públicos también son agentes obligados a reportar operaciones sospechosas a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad). Por lo tanto, al tener en su oficina a un prófugo de la Justicia y no reportarlo, el escriban Miguel Alberto Bareiro Olmedo, se convierte en cómplice y puede ser investigado por la Fiscalía.
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“La figura del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) es bastante amplia, corresponde a una serie de situaciones que, dependiendo de la naturaleza del rol que cumple, el sujeto obligado debe hacer esa valoración. Finalmente, su obligación es reportar al órgano especializado de analizar esa información y tomar (la Seprelad) las medidas que correspondan”, explicó el agente.
El agente agregó que el escribano se encontraba ante un hecho público que conmocionó a la sociedad paraguaya y se reflejó en todos los medios de comunicación y, sin embargo, no generó esa información.
“La obligación más básica es la del conocimiento del cliente, conocer a quién estamos prestando servicios”, dijo Fernández.
Al consultarle si la fiscalía tomará alguna medida contra el escribano, Fernández dijo que la doctora Liliana Alcaraz está encargada de recabar información y, como fruto de ese análisis, podrían pedir la apertura de una nueva investigación penal. “Sería un hecho anexo, no podemos autoasignarnos una causa, pero ponemos a conocimiento de nuestro superior jerárquico y si coincide el análisis se inicia una nueva investigación”, puntualizó.
Con respecto al abogado de Darío Messer, Rodrigo Galeano, quien dijo que sí sabe dónde se encuentra su cliente pero que no se presentará mientras el fiscal René Fernández esté al frente, porque “no tienen garantías”, el investigador señaló que se deben delimitar los alcances y límites del secreto profesional. “Si, por ejemplo, tengo un cliente con una orden de captura y le facilito el transporte siendo su abogado, esa conducta es frustración de la persecución penal y no está amparada por el secreto profesional”, ejemplificó el investigador.
Hablando de los casos que maneja, todos relacionados a poderosos, reconoció por otro lado que manejan información sobre amenazas a los investigadores de su unidad, pero que no han tomado medidas extraordinarias de precaución por el momento.
“En la Unidad donde estamos siempre tenemos casos de alto perfil, porque en muchos de ellos están implicados políticos. Eso genera que estemos expuestos, pero, como cualquier otro caso, la postura es estar comprometidos con el rol y, si bien existe alguna inquietud en relación a mis compañeros con respecto a la seguridad, apostamos siempre porque todos los actores se mantengan dentro de las reglas del estado de derecho, solo a través de posturas jurídicas. No recurrimos a posturas fácticas”, aseveró.
En relación al caso de Javier Zacarías Irún, para quien la Fiscalía solicitó prisión preventiva, René Fernández manifestó que en forma inmediata tras la imputación fue apartado de la causa y que hay un trámite de recusación en este momento. Por lo tanto, ya no maneja el calendario de procedimientos a la fecha.