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Se basa en la posibilidad de conocer cómo los políticos ejercen el poder y cómo invierten el dinero adquirido con los impuestos pagados por la ciudadanía. Todo ello permite el control de los actos del gobierno. El día se conmemora desde el 2002, año en que activistas de todo el mundo se reunieron en Bulgaria para definir estrategias en pos de la defensa y difusión del derecho de acceso a la información pública.
El derecho a saber es reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que permite acceder al pleno ejercicio de otros derechos tales como la justicia, la salud, la igualdad, educación y vivienda. Posibilita, a la vez, el control de la gestión pública y la toma de mejores decisiones mientras se previene la corrupción.
Está reconocido por tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Paraguay- y que cuentan con rango constitucional. Entre ellos: Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.
Pese a ello, Paraguay es uno de los pocos países de la región que aún no cuentan con una legislación al respecto, conjuntamente con Colombia, Venezuela y Costa Rica.
Recientemente, en nuestro país se organizó La Semana de la Transparencia, evento en el que se debatió la necesidad de aplicar una normativa. La actividad estuvo organizada por el Grupo Impulsor de Acceso a la Información, GIAI, y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, con apoyo del Banco Mundial.
En esta fecha, el Centro de Estudios Judiciales, como miembro, aboga por avanzar en la discusión de una ley que garantice este derecho en Paraguay.
¿Por qué es importante una ley de acceso a la información?
Según Moisés Sánchez, director ejecutivo de la Fundación Pro Acceso de Chile, una normativa de acceso permite flexibilizar los procesos de contrataciones públicas, la mayor circulación de las investigaciones generadas por recursos públicos y el uso de la información para mejorar las condiciones laborales de la clase obrera.
El derecho a saber es reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que permite acceder al pleno ejercicio de otros derechos tales como la justicia, la salud, la igualdad, educación y vivienda. Posibilita, a la vez, el control de la gestión pública y la toma de mejores decisiones mientras se previene la corrupción.
Está reconocido por tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Paraguay- y que cuentan con rango constitucional. Entre ellos: Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.
Pese a ello, Paraguay es uno de los pocos países de la región que aún no cuentan con una legislación al respecto, conjuntamente con Colombia, Venezuela y Costa Rica.
Recientemente, en nuestro país se organizó La Semana de la Transparencia, evento en el que se debatió la necesidad de aplicar una normativa. La actividad estuvo organizada por el Grupo Impulsor de Acceso a la Información, GIAI, y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, con apoyo del Banco Mundial.
En esta fecha, el Centro de Estudios Judiciales, como miembro, aboga por avanzar en la discusión de una ley que garantice este derecho en Paraguay.
¿Por qué es importante una ley de acceso a la información?
Según Moisés Sánchez, director ejecutivo de la Fundación Pro Acceso de Chile, una normativa de acceso permite flexibilizar los procesos de contrataciones públicas, la mayor circulación de las investigaciones generadas por recursos públicos y el uso de la información para mejorar las condiciones laborales de la clase obrera.