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“Van surgiendo situaciones llamativas que dentro de la auditoría, cuando terminemos de consolidar cada uno de los puntos y hallazgos, vamos a concluir al respecto. Son situaciones que se presentan a medida que vamos realizando las investigaciones”, refirió Llanes, siendo prudente con los indicios hallados, algo que exige el proceso de intervención a la gestión de la suspendida intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod.
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No quiso apuntar a personas específicas aún -por cuestiones procedimentales-, por lo que se limitó a decir que “hay de repente algunos apellidos, familias enteras que tenemos que hacer las vinculaciones. No podemos de entrada tener una conclusión categórica y tomar una resolución al respecto, si estamos recabando toda la información”, expresó.
El caso del club manejado por Molinas, una de las más violentas hurreras del clan Zacarías, era un “secreto a voces”, ya que hasta en las camisetas llevaban la inscripción “Sandra Zacarías apoya el deporte”.
Consultada sobre el hecho de si los supuestos "funcionarios" futbolistas serían "planilleros", dijo que están tratando de determinar eso, ya que "de repente uno ve una marcación perfecta y debe verificar otros aspectos para determinar esa situación; cruzamos toda la información, nos constituimos en los lugares, etc".
No obstante, aclaró que la intervención no busca condenar a nadie, pero no ocultarán ninguna irregularidad. "Nosotros no somos fiscales ni jueces. Somos auditores y estamos haciendo procesos administrativos", refirió.
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Las investigaciones se desarrollan pese al hostigamiento de grupos de funcionarios que respaldan a McLeod y también la difícil situación económica en que quedó la Comuna, debiendo pagar salarios atrasados. Llanes recordó que "hay más de 1.600 funcionarios contratados, 283 permanentes y 12 concejales.
Ahora se están haciendo los cheques para el pago del mes de noviembre", algo que implica una suma de cerca de G. 3.700 millones, para lo cual esperan no requerir un préstamo, sino cubrirlo con lo recaudado en impuestos.
El equipo interventor ya logró el pago de aguinaldos sin requerir la realización de préstamos que aumenten la deuda de la comuna, ya complicada económicamente.
El proceso de intervención dura 90 días como plazo máximo y se inició oficialmente el 5 de diciembre pasado.
Este caso no sería el único donde políticos habría aprovechado para ubicar a sus "estrellas" con rubros del Estado. Uno de los casos bastantes recordados es el que se relacionó con el senador Juan Carlos Galaverna, donde los jugadores del 4 de Mayo de Ypacaraí tenían contratos en el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
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