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Unas 55 familias- lideradas por el dirigente Pedro Martínez- fueron denunciadas por el dueño debido a la incesante destrucción del área boscosa en manos de ocupantes ilegales con el fin de producir carbón vegetal.
El abogado Arsenio Benítez, asesor legal del propietario, admitió que el pasado 1 de agosto se presentó una última oferta de venta al Estado de las 771 hectáreas ocupadas por las familias campesinas. El letrado sostuvo que el plazo de la oferta vence el 30 de agosto.
Aclaró que no cree que el Indert pueda cumplir con los reclamos de los campesinos aceptando la oferta presentada por el propietario del inmueble.
Según el abogado Benítez, la propuesta tiene vigencia solo 30 días y una vez vencido el plazo no existe otra opción que insistir en el desalojo de los ocupantes que desde que se instalaron en el inmueble vienen destruyendo el bosque para elaboración de carbón.
“El Indert no debió haber permitido el reconocimiento de la comisión sintierra sabiendo que la propiedad está invadida. Es lo que ocurrió acá. El tener reconocida la comisión no le autoriza a los campesinos invadir y destruir los bosques de la propiedad, como lo vienen haciendo estos campesinos”, puntualizó
Este miércoles la jueza Yanine Ríos y el fiscal Benjamín Maricevich, con acompañamiento de funcionarios del Instituto Forestal Nacional (Infona), agentes policiales y periodistas, constataron la destrucción del área boscosa a manos de presuntos invasores de la propiedad, ubicada en esta colonia.
En un predio donde funciona una escuela, los campesinos, entre ellos varios niños, recibieron a las autoridades y aprovecharon para exponer las necesidades que vienen soportando desde hace años. Según el dirigente Pedro Martínez, para paliar sus necesidades construyeron unos 20 hornos de “uso comunitario” para carbón vegetal.
El líder campesino admitió además que fueron alentados para ocupar el inmueble, por el exmilitar Pánfilo Vera, actual concejal municipal por el Partido Colorado en el distrito de Capiibary (San Pedro). “Tenemos documentos que respaldan nuestro interés de quedarnos con esta propiedad. Como paraguayo tenemos derecho de tener un pedazo de tierra”, justificó.
El pasado 7 de junio, unas 30 personas encapuchadas irrumpieron la vivienda dentro de la misma propiedad del empresario Vela Vaezquen. Los malvivientes se alzaron con dos escopetas, un revolver, dos chalecos antibalas y dos aparatos celulares pertenecientes a los guardias privados. Asimismo quemaron heladeras, muebles y otros enseres que estaban dentro del tinglado que quedó hecho cenizas. El dueño del inmueble valuó en unos G. 50 millones los daños causados por los atacantes.