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Víctor Alonso, quien trabaja en el referido banco, fue el que entabló la recusación contra la investigadora del Ministerio Público, alegando que solicitaron información sobre sus datos personales sin ser notificado, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.
A su criterio, Portillo “soslayó sus derechos” al omitir el principio de objetividad, ya que supone que el Ministerio Público tiene la intención de “direccionar la investigación” en su contra, motivo por el cual duda del actuar de la fiscala.
Llorens solicita una indemnización de G. 136.021.665.428 y US$ 684.212, porque Itaú, con su negligencia o la connivencia de sus empleados, participó del lavado de dinero que hicieron Carmen Lourdes López Sosa, Fabiola Bareiro de Gómez y Annie Gibbons de Giménez, imputadas por estafa y otros delitos.
Según la demanda, Llorens emitía cheques nominales Itaú de su cuenta Viradolce SA para pago a proveedores. La entidad actuó con negligencia culpable “al omitir verificar la legitimación de los tenedores de los cheques para pagarlos”. De esta forma, el banco pagó 256 cheques burlando todos los controles y alertas que debió cuidar por el contrato librado con la firma Viradolce.
Al principio, durante el año 2013, fueron distraídas de las cuentas pequeñas cantidades, pero para 2015, el monto sobrepasó los G. 40.000 millones. De hecho, el propio Banco Central realizó un informe lapidario contra la entidad bancaria porque se burlaron controles y a raíz de eso se pagaron por un lado cheques vencidos y, por el otro, cheques sobregirando la cuenta corriente de Viradolce. Además, Itaú generó de esta manera intereses por sobregiros e ignoró todas las normas de prevención de lavado de dinero, entre otras irregularidades.
En conversación con ABC Color, el abogado del banco Itaú, Carmelo Caballero, aseguró que el mismo cumplió con todos los controles necesarios. “Hay dos denuncias penales. La primera es en la que se encuentran acusadas algunas personas por el hecho punible de estafa contra la firma Viradolce, una causa que se ha presentado ya acusación; y también existe una denuncia contra persona innominada por lavado de dinero, donde involucrarían a funcionarios de Itaú”, señaló.
“Lo que nosotros queremos aclarar es que el banco ha realizado todos los controles correspondientes al ingreso de dinero al banco por parte de la empresa Viradolcel. A partir de ahí hay una posible gestión administrativa interna de Viradolce. Lo que obra dentro de la carpeta fiscal es una serie de recomendaciones por parte del BCP a fin de realizar algunos ajustes en los controles, en ningún caso se habla de un informe lapidario. Todas las normas respecto a lavado de dinero fueron correctamente aplicadas”, acotó Caballero.