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Eduardo Elías Hrisuk, por su parte, rechaza de plano los hechos que se le atribuyen. Mediante una nota que tuvo entrada en fecha 3 de mayo en el Ministerio Público, el abogado de la querella emplaza por 24 horas a la fiscala Belinda Gamarra a que informe por escrito sobre las actuaciones realizadas. Caso contrario, advirtió el jurista en el escrito, presentarán denuncias conforme lo establece el Artículo 106 de la Constitución Nacional.
En cuatro meses, la fiscalía todavía no realizó medidas de vital importancia para la investigación, ni canalizó las diligencias solicitadas por la querella, y que son vitales para el avance del proceso, sostuvo el letrado.
El artículo 106 de la Constitución Nacional refiere a la responsabilidad del funcionario y del empleado público, y señala que ningún funcionario o empleado público está exento de sus obligaciones. En casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, serán personalmente culpables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado.
De acuerdo a lo expresado por el abogado demandante, existen diligencias solicitadas por la querella que nunca fueron sustanciadas. “El delito del que se denuncia configura hechos punibles contra el Estado incluso, pero en cuatro meses no se hizo ningún procedimiento tendiente a asegurar la investigación, no hubo imputación ni se llamó a declarar al denunciado”, explicó el jurista.
Para Campos López Moreira, el querellado ejerce influencia política y económica, y el Ministerio Público dilata la investigación.
El empresario encarnaceno fue demandado por un grupo de personas de esta ciudad y otras localidades de los departamentos de Itapúa y Misiones, por los supuestos hechos de estafa, lavado de dinero y otros.
A mediados de noviembre del año pasado, un grupo de supuestos estafados por Hrisuk se reunió en la réplica de la Estación del Ferrocarril para hacer una denuncia conjunta de sus respectivos casos, bajo el patrocinio del abogado Santiago Campos López Moreria, quien presentó la demanda ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Por resolución número 6267/18, este organismo designó a la fiscala Fátima Capurro para atender la causa.
Capurro, sin embargo, fue recusada meses después por la querella, que alegó inacción, y en su reemplazo fue designada la fiscala Belinda Bobadilla.
En conversación telefónica que mantuvimos con el empresario Eduardo Hrisuk, este rechazó las acusaciones y señaló que la demanda en su contra no tiene razón de ser. Afirmó que todas sus operaciones comerciales son legales y realizadas con acuerdo de las partes, y negó que haya incurrido en estafas, lavado de dinero ni delito alguno.
“Yo quiero que aporten pruebas de los supuestos hechos que me atribuyen”, dijo, y lamentó que toda esta situación le provocó “un perjuicio muy grande”. “Soy una persona que siempre vivió con perfil bajo, y esta denuncia me causa incluso daño en lo anímico”, sostuvo.
Agregó que tiene un abogado de Asunción que está llevando su defensa, por lo que espera el desarrollo de los acontecimientos y el esclarecimiento de los hechos de los que se le acusa.