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La presidenta del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, María Celeste Jara Talavera, remitió un oficio al director nacional de Aduanas, Julio Fernández, a fin de que en el plazo de diez días remita los antecedentes del caso administrativo relacionado con la resolución impugnada por Cabral.
El oficio de la magistrada tiene fecha 16 de este mes, expediente caratulado “Elio Cabral González c/ Res. N° 89/18 del 19 de setiembre, dictada por la Dirección Nacional de Aduanas”, y traslada la medida cautelar a Aduanas para que conteste en el plazo de cinco días perentorios.
Fernández, mediante la referida resolución, desvinculó totalmente de Aduanas al exdiputado, que había sido nombrado como director de fiscalización poco antes de terminar el gobierno de Horacio Cartes.
Una primera medida que había tomado el titular aduanero fue destinarlo a disposición de la Dirección de Recursos Humanos, tras el cambio de gobierno, como parte de la barrida anunciada para transparentar el organismo de control.
Luego Cabral fue echado por segunda vez de la entidad, ya que la primera se registró en 2010 por hechos de corrupción, luego de desempeñarse como administrador de Aduanas en Ciudad del Este por mucho tiempo, ocasión en que fue destituido e inhabilitado por tres años para ocupar cargos públicos con otros dos funcionarios por el entonces titular de Aduanas, Javier Contreras.
Los antecedentes indican que el exlegislador de Alto Paraná el 30 de mayo renunció a la Cámara de Diputados en horas de la tarde y el entonces presidente de la República, Horacio Cartes, por Decreto N° 9008, lo nombró asesor de la Presidencia.
Tras ser nombrado asesor, el secretario general de la Presidencia del gobierno anterior, Juan Carlos López Moreira, lo comisionó a Aduanas para ocupar el cargo de director de Fiscalización.
El nuevo director de Aduanas, precisamente, en la sesión de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso que se llevó a cabo esta mañana, había señalado a los legisladores que existen muchas dificultades para dejar fuera a los funcionarios con antecedentes judiciales, los "magos de las finanzas", porque recurrían a la justicia y eran blanqueados.
También existen otros casos de demanda presentada ante el Ministerio de Trabajo, en donde fue citado para una tripartita a llevarse a cabo con los dirigentes sindicales.
Una situación similar se da con aquellos que ya deben jubilarse y que vuelven por disposición de la justicia, lo que por ahora le cuesta a la entidad un millón de dólares. Dijo que por primera vez se logró la unidad de todos los sindicatos de Aduanas, pero en contra de él.