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Daniel Vargas Télles, en su calidad de ciudadano presentó el 4 de marzo del 2007 un pedido de informe a la Municipalidad de San Lorenzo sobre la cantidad de funcionarios nombrados y contratados, el salario de los mismos y las funciones que desempeñaban.
Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales, el caso fue elevado a la justicia ordinaria, invocando el artículo 28 de la Constitución Nacional de las fuentes públicas de información son libres para todos.
El día 30 de mayo de 2007, Vargas Télles presentó una acción de amparo de pronto despacho contra la Municipalidad de San Lorenzo. Este juicio tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 12º Turno, Secretaría 24 (Expediente 249, Año 2007, Folio 51), según consta en la Defensoría del Pueblo, que acompañó la iniciativa.
Recién a finales del 2011 se integró el pleno de la Corte Suprema de Justica para tratar el caso, y hasta ahora solo dos ministros: Gladys Bareiro de Módica y Antonio Fretes votaron, pero no se sabe su voto.
Cinco años después, el amparo yace en el despacho de Víctor Nuñez, actual presidente de la Corte, aguardando un voto y que los nueve ministros apoyen la iniciativa o rechacen la misma.
Esto demuestra cómo la rígida burocracia evita que los ciudadanos comunes accedan a la información pública, exponiendose a cargas de estrés y presiones, además de la posiblidad de que el cansancio supere al deseo de informarse.
ABC Color, siguiendo este ejemplo, también recurrió a la justicia presentando un amparo de manera a acceder a datos de interés público que tienen que ver con la Cámara de Senadores.
Este lunes se presentó en el Poder Judicial el amparo constitucional de pronto despacho, buscando de vuelta llegar a los datos exigidos.