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Cooperativistas, camioneros, indígenas, estudiantes y otros grupos protagonizaron en las últimas semanas enormes movilizaciones. Todas ellas generaron enormes caos en Asunción, porque sus miembros, en muchos casos, impidieron el tránsito. Los camioneros, que protestan para que no se cobre el doble peaje, se instalaron en varios puntos y ayer, con acuerdo de la Policía, resolvieron cerrar las rutas por 10 minutos y liberar el tránsito por 45 minutos.
Como suelen decir los jefes policiales, el “Comando Institucional” hoy emitió un comunicado, quizás respondiendo un poco a las airadas quejas y críticas de la ciudadanía que es perjudicada por estas movilizaciones y protestas. “El Comando Institucional recuerda que la Constitución Nacional garantiza a todo ciudadano que habita en el Paraguay el libre tránsito, por lo tanto está prohibido el cierre de rutas o el impedimento a que transiten libremente las personas, por lo que se tomarán todas las medidas necesarias, comunicando al Ministerio Público y en su efecto la Policía Nacional actuará conforme a la Ley y los Reglamentos”, señala un escueto comunicado del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía.
En el mismo momento en que el manifiesto llegaba a los distintos medios, cooperativistas, campesinos y camioneros impedían el libre tránsito de cientos de miles de personas que tienen que lidiar con protestas, pero que todos los días deben superar los graves problemas de las ciudades que de hecho ya generan enormes inconvenientes. La Policía, en su documento, señala: “La Policía Nacional, como encargada de preservar el Orden Público legalmente establecido, salvaguardando la integridad de las personas, entidades y sus bienes, garantiza el libre tránsito de los manifestantes como de terceros, acompañando a realizar sus reclamos, conforme a lo que establece la Ley del Marchodromo”.
Los manifestantes que se movilizan desde hace varios días en Asunción obstaculizaron el tránsito por horas sobre importantes avenidas: Mariscal López, Eusebio Ayala, Fernando de la Mora y otras. Protestas como éstas generan gigantescos embotellamientos en el centro. La Policía solo acompaña a los manifestantes, sin impedir que los derechos de terceros sean triturados. Un abogado que fue entrevistado por un medio radial ayer dijo que cualquier persona que sienta que sus derechos fueron violentados debe hacer la denuncia ante la Fiscalía. Él aconsejó, precisamente, que todo el peso vaya dirigido a la Policía, que es la entidad, como lo recuerda muy bien el comunicado difundido hoy, que debe asegurarse de que se cumpla la ley.