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Por Resolución 89, firmada por el titular de Aduanas, Julio Fernández, se dispuso desvincular definitivamente al cuestionado político cartista, que había sido ubicado por el gobierno de Cartes como director de Fiscalización nada más y nada menos que en Alto Paraná, pese a que el exdiputado contaba con inhabilidad para ejercer cargos públicos por tener antecedentes de hechos graves en la Aduana.
Justamente la resolución firmada por Fernández recuerda que incluso la sala penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó en diciembre de 2014 la inhabilidad de Cabral para ejercer cargos públicos, sanción que nunca cumplió, ya que luego asumió como diputado y casi al final de su mandato logró ser ubicado de vuelta en Aduanas.
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Mediante una jugada del propio Ejecutivo, liderado entonces por Cartes, se lo había nombrado como “asesor” de la presidencia inicialmente, pero llamativamente, luego el titular de Aduanas pidió su comisionamiento en el puesto clave de “fiscalizador”, pese a sus negros antecedentes, por presunto enriquecimiento ilícito, hecho investigado en 2002 al conocerse que inauguró una residencia de US$ 100 mil con un sueldo de G. 1 millón en la Aduanas.
Al asumir el nuevo Gobierno, el titular de Aduanas ya había dispuesto su destitución del cargo y puso al cuestionado político a disposición de la Dirección de Recursos Humanos.