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Pese a que las normas de casos sometidos al arbitraje establecen que cada parte debe tener el suyo, el tiutlar de la Entidad Binacional Yacyretá, Ángel María Recalde señaló que Paraguay “no tiene por qué tener un árbitro”, en lo que tiene que ver con un litigio por asuntos contractuales pendientes, las Empresas Reunidas Impregilo-Dumez y Asociadas para Yacyretá (Eriday), en el que reclaman a la binacional unos US$ 900 millones.
Se trata de las firmas que se encargaron de construir las obras civiles principales de Yacyretá entre 1984 y 1997, presentaron un paquete de reclamos a la binacional. De lo que reclaman, sólo un 20% sería legítimo.
Recalde sostuvo además que mientras que el caso no sea resuelto en la justicia argentina, no existe ningún riesgo de que Paraguay pierda el caso, pese a que también está en instancias de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París. “Esto está judicializado en Argentina y hasta tanto el juez no libere la causa, se le de una resolución, el proceso va a quedar así”.
Al respecto, Luis Canillas, asesor jurídico de la EBY -quien al parecer se encuentra más ocupado haciendo denuncias sobre supuestos intentos de magnicidio- había confirmado a ABC Color que el arbitraje está parado desde el 2012 por falta de árbitros. El último que representó a la EBY en el caso fue el Dr. Enrique Sosa Elizeche, exministro de la Corte Suprema de Justicia, quien confirmó a ABC Color que se desempeñó como árbitro durante dos años, entre 2010 y 2012, pero que debió retirarse por motivos de salud.
El contrato inicial entre la EBY y el consorcio Eriday-UTE fue por US$ 1.400 millones en 1983, pero debido al atraso del proyecto la contratista de obras civiles, en realidad, recibió un total de US$ 1.878 millones. Posteriormente, Eriday-UTE presentó a la EBY su reclamo por asuntos contractuales pendientes, referentes a algunos beneficios otorgados a sus obreros durante la ejecución del contrato, que la entidad aceptó solo en parte. Sin embargo, el reclamo que inicialmente rondaba los US$ 200 millones, para 1995 se triplicó y pasó a los más de US$ 700 millones, cuyo pago debe dirimir un arbitraje.