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La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) emitió un comunicado en el cual hace referencia a los últimos casos de abusos y muertes de niñas y adolescentes a raíz de los embarazos. “A pesar de las distancias entre los lugares donde han ocurrido estos casos, ellos no son aislados: todas estas niñas y adolescentes comparten la característica de haber sido abusadas sexualmente durante su infancia”, señalaron.
• Una niña nivacle de 12 años quedó embarazada como resultado de un abuso sexual en Loma Plata (Boquerón).
• Una niña de apenas 10 años falleció en la ciudad de Guayaibí (San Pedro).
• Una adolescente de 14 años murió al momento a dar a luz en el Hospital Regional de Itauguá.
• La madre de otra niña, oriunda de San Vicente Pancholo (San Pedro), denuncia que su hija, una niña de 13 años, fue abusada y se encuentra embarazada y que ni la Fiscalía ni la Codeni han actuado.
• Una adolescente de 16 años murió dando a luz a sus mellizos en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero; ya había sido violada a los 13 años por su padrastro y dio a luz en su momento.
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En el mismo comunicado destacan que, entre 2014 y 2016, el registro de casos de abuso sexual infantil de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) se duplicó, pasando de 160 a 365 casos. Calificaron de alarmante esta cifra, “que solo evidencia la punta de un iceberg, pues en este terreno existe un alto subregistro de una situación que es vista como normal por gran parte de la sociedad”.
Además, afirman que por día se registra el nacimiento de dos bebés cuyas madres son niñas de entre 10 y 14 años de edad, mientras que las madres de otros 55 nacidos vivos por día cuentan con entre 15 y 20 años de edad.
“Las causas de estas cifras son diversas y complejas, pero tienen una conjunción: la vida y el cuerpo de niñas y adolescentes que son obligadas a asumir roles y responsabilidades que no deben ser propios a su edad y, por tanto, a su desarrollo evolutivo biopsicosocial”, afirma la CDIA.
Lamentan además que, a raíz de esta situación, 2 de cada 3 niñas o adolescentes embarazadas no terminen el ciclo escolar, perpetuando el ciclo de pobreza a la generación siguiente y precarizando sus propias vidas.
“La desigualdad social continúa siendo una constante determinante en el desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, existiendo claras evidencias de que los sistemas de protección articulados por el Estado aún resultan insuficientes en su efectividad”, agregan.
Cuestionan además que se haya eliminado del programa de estudios del Ministerio de Educación el enfoque de género. “Persisten aún importantes desaciertos históricos en los Gobierno de turno en su labor de administrar un Estado que cumpla con su función de garante de derechos, incluso por acción u omisión pueden implicar retrocesos –como por ejemplo, la eliminación del enfoque de género en la educación pública– que ponen en riesgo estándares mínimos conquistados, en relación al ejercicio y goce pleno de derechos”, manifiestan al respecto.
El CDIA señala también que la niñez y la adolescencia son etapas de transición y desarrollo biológico, psicológico, sexual y social de las personas que, por sus complejas características, requieren de atenciones particulares, prioritarias y centrales por parte de los Estados. Por ello, los gobernantes deben impulsar políticas públicas como medio para alcanzar el horizonte del bienestar de la población en general, y de niñas, niños y adolescentes (NNA) en particular.
“Es urgente para erradicar las desigualdades el invertir en la niñez y adolescencia, no como una cuestión de caridad o de incluir una dosis de simpatía (o empatía) en una estrategia de desarrollo económico. Se trata de invertir en desarrollo humano, de crear una sociedad cohesionada y una economía fuerte incluyendo efectivamente a este grupo etario del cual depende nuestro futuro, aunque paradójicamente lo olvidamos en el presente”, exhortan.
Finalmente, exigen a las autoridades nacionales de los tres Poderes del Estado y de los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) que cumplan de modo urgente todas las recomendaciones internacionales en materia de protección hacia la niñez y la adolescencia.
Además, recuerdan la Ley N° 5.777/2016, de “Protección integral para mujeres contra toda forma de violencia”, que establece las responsabilidades estatales para la prevención, atención y sanción de la violencia a través de una serie de medidas a ser ejecutadas para la prevención, detección y atención de la violencia, entre ellas, algunas orientadas específicamente a la protección de los derechos de las niñas y las adolescentes.