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Doria era la directora jurídica de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía General y fue la que recomendó la apertura de la investigación por enriquecimiento ilícito a su jefe, el entonces fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morígino Vargas.
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Ese dictamen motivó su salida del Ministerio Público, mediante un pedido de permiso para ir a cumplir funciones en la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados.
La resolución de hoy, firmada por la fiscal general del Estado Sandra Quiñónez significa un ascenso, ya que ahora será directora de la asesoría jurídica del Ministerio Público.