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LUQUE. El presidente actual, Víctor Domínguez, el síndico José Giménez, y la tesorera Toribia Florentín, salieron al paso de las denuncias promovidas en la Fiscalía por los directivos salientes Juan Alberto López y Víctor Alfonso, en la Fiscalía y en la prensa respecto a presuntos hechos de corrupción, manejos administrativos irregulares y falta de pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Los directivos sí confirmaron la deuda con la Ande que asciende a los G. 234 millones por la provisión de energía eléctrica en sus cuatro locales.
Sin embargo, alegaron que el 21 de julio pasado firmaron un acuerdo con el ente energético para refinanciar la deuda en 60 cuotas corridas para evitar el retiro de los cuatro medidores por los técnicos y dejar sin agua a los usuarios.
Esta Junta de Saneamiento, dependiente de Senasa, que se encarga del abastecimiento de agua potable a los pobladores de las compañías 3 de Mayo, Costa Sosa y Cañada San Rafael, cuenta con unos 1.500 usuarios, y no 2.000, tal como mencionaron López y Alfonso, indicaron los directivos actuales.
Domínguez también señaló que la recaudación mensual no supera los G. 25 millones, y la mitad de los usuarios son morosos, y citó como ejemplo al denunciante Juan Alberto López, quien adeuda G. 132.000, y hace meses que no “cumple con su responsabilidad, siendo funcionario público (guardiacárcel)”, manifestó.
El presidente también responsabilizó de los malos manejos administrativos a los administradores anteriores, señalando a López y a Alfonso, quienes supuestamente dejaron cuentas millonarias con la ANDE y proveedores.
A su turno, la tesorera Toribia Florentín, restó importancia a las denuncias en su contra en la Fiscalía. “No puedo decir nada al respecto por qué aún no fui notificada. Pero si el Ministerio Público me convoca voy a comparecer con mi abogado y con los documentos que respaldan nuestra gestión administrativa”, dijo.
Agregó que la comisión actual también presentó denuncias en la Fiscalía contra Juan Alberto López y Víctor Alfonso y otros por los delitos de lesión de confianza, amenaza de muerte, apología del delito, asociación criminal, y producción de documentos no auténticos (estafa). La denuncia formal fue radicada en agosto pasado, ante la unidad de la fiscala Cynthia Espínola, tras el último intento de asamblea en el local de la junta en 3 de Mayo, que no se pudo llevar adelante por hechos vandálicos, liderado por López, señalaron.
“Quiero dejar en claro que no conozco a los técnicos de la ANDE que acudieron a la Junta en prosecución a una auditoría interna y su camioneta fue fotografiada. Jamás vinieron a reunirse conmigo en particular así como se señala en la publicación”, dijo Florentín.
Domínguez aclaró que reside en la zona de Costa Sosa, Luque, y no en Caacupé, como señalaron sus adversarios.
“Esta gente (López y Alfonso) buscan crear zozobra en nuestra administración, empeñándose en poner a los usuarios en nuestra contra, pero no van a lograr porque tenemos una administración transparente. Pero ellos deben rendir cuentas ante la Justicia por los hechos irregulares que cometieron entre los años 2013 y 2014”, puntualizó Víctor Domínguez.
En la ocasión, los directivos informaron también que compraron 200 medidores que estarán instalando en las viviendas para controlar el consumo del agua potable. Dijeron que hace poco compraron un motor nuevo para la provisión de agua a los usuarios.