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Sin mencionarlo, dejó entender que estos sectores responderían a las anteriores administraciones municipales. El asesor calificó como un “burdo montaje” la declaración ante la fiscalía hecha por una funcionaria municipal, Lorena Escobar, quien se desempeñó en el área de Tesorería y habría afirmado ante las fiscales Lorena Castelví y Raquel Bordón -quienes tienen a su cargo la investigación del incendio de la sede comunal- que ya en marzo del 2017 había advertido sobre una supuesta “calesiteada” con fondos comunales.
"Los que provocaron el incendio quieren desviar la atención de este hecho y de un desfalco de G. 25.000 millones que sufrió la Comuna durante las últimas administraciones. Este faltante fue detectado en el curso de una auditoría externa contratada por la actual administración", explicó Ricardo Cabrera.
Sin mencionar a sector alguno, Cabrera dejó entrever que el incendio que consumió parte del edificio municipal fue provocado por quienes estaban interesados en que desaparezcan documentos que evidenciarían irregularidades de anteriores administraciones que pudieran ser utilizadas en una investigación penal.
Asimismo, señaló que si el concejal Novosad tuvo conocimiento de la “calesiteada” denunciada por Escobar, su obligación era denunciar, caso contrario se convierte en cómplice o encubridor de los hechos.
La “calesiteada” a que se refiere consistía en el retiro irregular de dinero en efectivo proveniente de los ingresos municipales para hacerlo “trabajar” en la usura, reemplazándolo con cheques sin cobertura. Estos cheques eran reemplazados nuevamente por dinero en efectivo luego de cumplidas las operaciones comerciales.
Esta modalidad habría sido descubierta en marzo del año pasado por la entonces funcionaria de Tesorería Lorena Escobar, quien comunicó a su jefa inmediata, Mirta Herrera, quien por entonces se desempeñaba como tesorera municipal y que además puso en conocimiento del caso al concejal municipal Pablo Novosad (ANR) y al intendente, Luis Yd (Alianza Encarnación al Frente).
"Antes que tomar una medida correctiva, Herrera encabezó una persecución en mi contra", sostuvo la funcionaria, por lo que recurrió a la responsable de la dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad, Zulma Memmel, quien a su vez la derivó al intendente municipal. Tanto el intendente Yd como la jefa de Recursos Humanos, Memmel, sin embargo, negaron haber recibido de la funcionaria una denuncia en esos términos.
Tratamos de obtener la versión del concejal Novosad, pero no pudimos contactar con él.
Memmel ahondó y señaló que la funcionaria Lorena Escobar había solicitado el traslado de sección, porque era objeto de maltrato verbal y sicológico por parte de su jefa, Mirta Herrera, pero que en ningún momento le mencionó el tema de la “calesiteada”.
Herrera está actualmente sometida a sumario administrativo en la Comuna, separada del cargo y sin goce de sueldo, luego de que tomara estado público el caso “calesiteada” con dinero comunal.
Esta utilización en forma ilegal del dinero producto de las recaudaciones municipales saltó al tapete en el marco de la investigación del incendio que destruyó gran parte del edificio de la Comuna, ocurrido la madrugada del 25 de marzo último, cuando una de las sospechosas y hasta ahora única funcionaria detenida en vinculación con el incendio, Mirian Adela Irala Pérez, extesorera municipal, señaló que el uso de dinero comunal y su sustitución por cheques era una práctica de larga data.
Junto con Irala están detenidos su pareja sentimental, Ricardo Palacios, y Armando César Zacarías, conductor de una camioneta en la que supuestamente llegó al local municipal un desconocido para perpetrar el robo y posterior incendio.