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El jefe comunal está siendo trasladado desde Puente Kyjhá, donde fue detenido, hasta Salto del Guairá, donde guardará reclusión. Su detención fue ordenada por el fiscal Israel Villalba.
Ariel Araújo, desde que asumió la Intendencia de Francisco Caballero Álvarez, utilizó los recursos municipales para pagos de cuentas personales, vaciando las arcas de la Comuna con expedición de cheques para pagos particulares.
La Municipalidad que administra maneja anualmente más de G. 8.000 millones, recursos que nadie sabe dónde fueron a parar y que el Ministerio Público pretende determinar.
El intendente está procesado lesión de confianza, apropiación, exacción y uso y reproducción de documentos no auténticos. Pero además tiene procesos por hechos de crimen y desde hace 10 años es prófugo con rebeldía en dos procesos penales.
La detención del jefe comunal, perteneciente a las filas de Honor Colorado, se produjo al salir de su domicilio, escondido en el asiento trasero de un vehículo particular que iba al mando de Diego Emmanuel Dejesus Cardozo, quien también fue detenido. El joven sería su ahijado.
El operativo policial fue encabezado por el comisario Nelson Vera, jefe de Investigaciones de Canindeyú. Los uniformados rodearon su casa, esperando una orden de allanamiento que habían solicitado en horas de la mañana, pero antes que llegue la providencia judicial el hombre salió de la casa, aparentemente alertado de lo que estaba sucediendo, momento en que fue detenido.
Ariel Araújo tiene proceso, además, por la muerte de una dirigente campesina de la Colonia San Juan, ocurrido el 10 de marzo de este año.
Según el Ministerio Público, este es sospechoso de haber contratado a un sicario quien asesinó a balazos a la dirigente social María Ester Riveros de Gómez, (56) en un ataque ocurrido en la citada colonia. La mujer habría sido muerta por engaño, ya que los sicarios estaban buscando a María Máxima Segovia Torres, de 45 años, presidenta de una comisión de mujeres del lugar, que reivindican tierras del Indert en manos de extranjeros.
En mayo del 2016 fue asesinado una persona identificada como Rogerio Gozzi Da Silva (40), alias “Batata", presuntamente socio del intendente Araújo en el mundo de la usura. La muerte del mismo habría sido por problemas de deudas. El entonces fiscal Lorenzo Lezcano había señalado que el nombre del jefe comunal aparecía en el cruce de mensajes entre la víctima y su victimario, en una negociación por cobro de deuda, en medio de constante amenaza de muerte, que finalmente se produjo.
Araujo tiene igualmente en sus alforjas delictivas dos órdenes de capturas con rebeldía, de los años 2009 y 2015, por supuestos hechos de “Perjuicio a reservas naturales, tala de bosques" (en San Juan Nepomuceno) y Usurpación de funciones, producción de documentos no auténticos, uso de documentos públicos de contenido falso y extorsión" (en Lambaré)
Todos estos años se mantuvo impune, supuestamente mediante la protección política que le brindaba la diputada cartista Cristina Villalba.