Despidos masivos en Cooperativa Coronel Oviedo

CORONEL OVIEDO. Funcionarios de la Cooperativa Coronel Oviedo fueron apartados de sus cargos por la comisión liquidadora; sin embargo, alegan que la medida es ilegal. La farmacia social y la clínica dejaron de prestar servicios.

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Hoy, el Incoop debe resolver la aprobación del Plan de Liquidación; mientras tanto, sigue el plazo para revocar la medida solicitada por socios ahorristas. Debido al alto monto que representa el costo operativo en sueldos mensualmente para la entidad en liquidación, se decidió apartar de sus cargos a varios funcionarios de la cooperativa, dejando sólo a 23 de 81, pues los 58 restantes ya no tienen funciones que cumplir y los salarios asignados para los mismos oscilan entre los G. 2 millones y los G. 12 millones, lo que representa una erogación monetaria significativa.

Los miembros de la comisión liquidadora Germán Wieguert, Gustavo Recalde y Enrique Yegros indicaron que se trata de funcionarios que perciben salarios sumamente altos y solamente quedarán los que cumplirán un rol indispensable en el área de tesorería, informática, un cajero, y varios que se encargarán de la recuperación de créditos, además del personal de seguridad.

Dijo que el costo operativo sigue siendo de unos G. 1.200 millones mensuales, dentro de lo que implica el pago a funcionarios, el mantenimiento de una institución educativa con el pago a unos seis docentes, el mantenimiento del salón cedido a la Universidad Nacional de Caaguazú (Unca) para la utilización como biblioteca, y los servicios de energía eléctrica, y agua potable de la industria alcoholera, que se sigue pagando.

Mencionaron que el plan de acción presentado por los ahorristas y funcionarios para rever la resolución de revocación es prácticamente inviable, pues para que la entidad vuelva a funcionar y recaudar anualmente lo necesario para cubrir el costo operativo se necesita la inyección de unos US$ 20 millones. Y con el renunciamiento de los ahorristas a sus intereses es solo ficticio pues esos montos sólo existen en papeles y la recapitalización a partir del aporte de los socios no será eficiente, pues un 90% perdió credibilidad en la entidad.

Sin embargo, la Lic. Nidia Torres, una de las funcionarias que apoyaron la revocación de la liquidación, dijo que la medida de apartar a los funcionarios de la institución es ilegal, pues el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) no ha aprobado el plan de acción de esta comisión liquidadora. Además, dijo que varios funcionarios no aceptarán la indemnización que se ofrece que es de tres salarios, a pesar de que algunos tienen antigüedad de 25 años de servicio.

Agregó que el plan de acción para recuperar la cooperativa es viable, pues el costo operativo, que era de unos G. 7.900 millones anuales, se reducirá a G. 900 millones, con el renunciamiento de los ahorristas a sus intereses, que está, según sus declaraciones, a un paso de concretarse, pues un 80% de ellos ya firmó el documento de renuncia.

Además, los funcionarios renunciarán a un 60% del monto de sus indemnizaciones, que de G. 6.900 se reducirá a G. 1.400 millones, restando el valor de deudas que poseen. Todo esto representa la cantidad de G. 20.000 millones que la entidad dejará de pagar, y con una recapitalización en otorgamiento de créditos que representa el 10% en aporte para quienes lo solicitan, el plan de acción es aplicable, dijo.

Por otro lado, indicó que la entidad cuenta con un saldo positivo de G. 5 mil millones, en concepto de un autoseguro de riesgos financieros con el que cuenta y está disponible, y mencionó además una inyección de US$ 1 millón que realizará una persona de Choré con quien deben reunirse en la fecha, pero de quien no dio nombres, aunque dijo ser alguien que forma parte del grupo Cartes.

La Cooperativa Coronel Oviedo Ltda. se encuentra en proceso de liquidación; sin embargo, varios socios solicitaron la revocación de esta medida y tienen un plazo de 15 días para presentar un plan de acción con el fin de reconsiderar el plan de cierre y liquidación de esta entidad. El Incoop dispuso la liquidación de la entidad solidaria el mes pasado, luego de su segunda intervención, debido a la detección de varias irregularidades en una inversión con financiamiento externo para la instalación de una alcoholera, que costó US$ 16 millones en 2011. La deuda con acreedores y socios ronda los US$ 23 millones.

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