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La actividad se realizó en el salón municipal de esta ciudad. Durante el encuentro se debatió sobre el supuesto daño que causan a la salud, las antenas de telefonía móvil.
Los especialistas de las instituciones responsables explicaron que estudios de la Organización Mundial de la Salud, certifican que las ondas electromagnéticas no representan riesgos para la salud humana. Indicaron que las ondas electromagnéticas están bajo los parámetros regulados por las leyes.
Mencionaron que Pilar es una de las ciudades en las que por ordenanza municipal se prohíbe la instalación de estas antenas. Para continuar con el emplazamiento de las mismas, las prestadoras del servicio habían recurrido a medidas cautelares. En la reunión, los vecinos cuestionaron a Conatel por no defender a los usuarios locales y a las empresas por ofrecer un servicio de pésima calidad.
El concejal municipal Sixto Fernández (PQ) expresó que todas las consultas de los ediles y vecinos fueron evacuadas por los técnicos de las instituciones participantes. Aclaró sin embargo, que la ordenanza que restringe la instalación de estos equipos, no será anulada.
Dijo que existe la posibilidad de estudiarla minuciosamente para analizar si existe la necesidad de alguna modificación. Fernández resaltó que se deben a la comunidad, por lo que deben defender la salud y los intereses de vecinos de Pilar.
Por su parte Óscar Campuzano, director de Conatel, aseguró que la preocupación de las comisiones vecinales y las autoridades municipales no tiene razón de ser, ya que las ondas electromagnéticas que emiten estas antenas, no son nocivas para la salud. Con respecto a las críticas de los asistentes a las prestadoras, indicó que Conatel multa a las empresas que no dan un buen servicio.
Refirió que estas aducen que la restricción de las ordenanzas, impiden que la señal llegue con el nivel que se pretende. Dijo que la legislación local impide que se pueda tener una mejor conectividad. Explicó que en algunos lugares, la instalación de las antenas se concreta mediante resoluciones judiciales, pero en el caso de Pilar, se buscará convencer a las autoridades de que “esto no repercute en la salud de la población y esto está comprobado científicamente”.