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“Es más probable que yo sea presidente”, ironizó el abogado constitucionalista Jorge Seall-Sasiain ante la consulta de si nuestro país deberá pagar los US$ 63 millones que exigen los prófugos de la justicia Juan Arrom y Anuncio Martí. El mismo aseguró que el Estado tiene aproximadamente 15 años de incumplimiento de sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
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Aseguró que la cifra que piden es prácticamente una burla, por ser tan elevada, y recordó que en casos donde hubo un gran número de muertes las sentencias implicaban montos mucho menores. “Yo creo que es una sobreacción, motivada seguramente por lo que implica la palabra secuestro (...) No encuentro otra explicación”, agregó.
Sin embargo, confirmó que el fallo de la Corte Interamericana es vinculante. “Hay un convenio firmado”, dijo. Pese a esto, Seall reiteró que el Paraguay tiene una lista de sentencias en su contra que no ha cumplido y, en caso de que en esta audiencia favorezca a Arrom y Martí, seguro también se sumará dicho listado. Desde el Estado garantizan que no darán "ni un solo dólar para el secuestro".
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Arrom y Martí demandaron al Estado paraguayo porque dicen que fueron secuestrados por policías en busca del dinero que supuestamente recibieron por la libertad de María Edith Bordón, a quien secuestraron. Exigen una indemnización de US$ 63 millones -a distribuir entre ellos y más de veinte familiares- y varias “reivindicaciones” como un museo y calles con sus nombres, entre otras cosas.
Los dos son prófugos de la justicia paraguaya. Huyeron al Brasil en agosto de 2003, cuando estaban a punto de ser sometidos a juicio oral por secuestro. En diciembre de ese año consiguieron el estatus de refugiados en el Brasil y el gobierno de Mario Abdo ya solicitó revocar la calidad de refugiados.