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De acuerdo a Silvio Peña (PLRA), intendente de Emboscada, él había hecho el pedido de estos víveres a la SEN el 2 noviembre, para ayudar a los miembros de la Asociación de Cantereros, un sector de la población que se vio muy perjudicado por las lluvias. El administrador aguardó una respuesta, pero nunca respondieron a su solicitud.
Grande fue su sorpresa cuando los víveres que él había solicitado aparecieron en la vivienda particular de una funcionaria de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) llamada Daisy Regina Pereira, que activa fuertemente en la ciudad como referente del movimiento Colorado Añetete y llegó a ser presidenta de las Mujeres Coloradas.
Esta mujer, además, es cuñada del director del Penal de Emboscada, Carlos Irala. Según Silvio Peña, esta situación se "tornó política".
Al enterarse de la situación, los miembros de una organización comunal llamada Contraloría Ciudadana se constituyeron en el lugar, donde hubo un enfrentamiento pues les cuestionaron por qué estaban manejando en forma particular esos víveres.
Pereira e Irala argumentaron que supuestamente se disponían a descargar los víveres para luego salir a repartirlos a los cantereros, pero en ningún momento pidieron autorización a la Municipalidad para realizar dicha iniciativa, por lo tanto, el intendente se mostró disconforme por la acción.
Además, resaltó que bajo ningún concepto un recurso proveído por el Estado se puede tener en una vivienda particular, sino en una institución pública. “En todo caso los hubieran descargado en la Municipalidad o en la Comisaría, lo sorprendente es que los estaban metiendo en la casa de esta señora (Daisy Pereira)”, cuestionó el intendente.
Silvio Peña lamentó también que el fiscal Maldonado, si bien ordenó la incautación del camión, “solapadamente tomó partido a favor del director del Penal y su cuñada, porque tiene asistentes fiscales que son familiares de esta gente”, aseguró.
Según el intendente, el fiscal afirmó en todo momento que los víveres estaban “en la vía pública”, cuando era evidente que los estaban metiendo a la casa, remarcó Silvio Peña.
Tanto la funcionaria como su cuñado, el director del Penal, alegaron ante el fiscal que estos víveres de la SEN fueron en respuesta a otro pedido que hicieron ellos, y no al mismo que hizo el intendente.
Lo que más llama la atención del administrador liberal es que los acusados consiguieron varios documentos para respaldar su versión, pero Peña cree que estos son “papeles de maquillaje”.
Aún así, el intendente se pregunta cómo es posible que este nuevo pedido haya llegado con tanta celeridad, cuando lo que él solicitó nunca tuvo respuesta. “Tal vez por ser de otro partido mi solicitud quedó durmiendo en algún escritorio”, manifestó.
Ahora, el camión permanece incautado en la Comisaría local, pero los funcionarios de Emergencia Nacional llegaron a Emboscada con camionetas y comenzaron a repartir ellos mismos los víveres, para evitar malos entendidos.
“Me llamó el asesor jurídico de la SEN, me pidió disculpas. Le dije que era una vergüenza lo ocurrido porque yo respeto a las autoridades electas por el pueblo, pero quiero trabajar de forma interinstitucional. De igual manera, ellos están entrando a un territorio donde la gente me eligió a mí, y como mínimo necesito que me comuniquen”, protestó el jefe comunal.
El agente fiscal de Emboscada, Carlos Maldonado, por su parte explicó que recibió en la noche de ayer, miércoles, una denuncia acerca de mercaderías de origen dudoso que tenían el logo de la Secretaría Nacional de Emergencias (SEN), por ello dispuso la incautación de la carga. El camión fue trasladado a la Comisaría de la zona.
Asimismo, aclaró que el vehículo estaba frente a una casa contigua a la del director de la Penitenciaría de Emboscada, específicamente en la vivienda de la madre de Daisy Regina Pereira, titular de la comisión vecinal que recibe los víveres para su posterior entrega a cantereros de la zona.
“Esta mañana con funcionarios de la SEN, encabezados por el asesor jurídico Raymond Crechi, procedimos a deslacrar y contabilizar las bolsas de víveres”, dijo Maldonado, y agregó que se constató que la carga pertenecía a la SEN y por ello se entregaron las “158 bolsas al asesor jurídico”.
“La denuncia inicial fue porque una señora solicitó que se le entreguen (los víveres) y la gente de la comisión le dijo que no era el mecanismo”, esto porque la comisión vecinal se presenta en el lugar donde están los cantereros y estos retiran los víveres firmando una planilla que luego es entregada a la SEN a modo de comprobante.
No obstante, esta persona no identificada se molestó porque no recibió los víveres, por lo que radicó una denuncia ante la comisión ciudadana, indicó el fiscal.