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La Comisión de Verdad y Justicia presentó un informe en 2008 en que documenta violaciones de derechos humanos cometidos principalmente en la época del régimen militar de Alfredo Stroessner (1954- 1989).
La sistemática y generalizada desaparición forzosa de cientos de personas, que constituye un crimen de lesa humanidad, es una de las atrocidades más graves perpetradas en aquella época. El informe documentó la desaparición de al menos 336 personas.
“La mayoría de estas desapariciones forzadas siguen sin ser esclarecidas, los culpables no han sido llevados ante la justicia y las víctimas y sus familiares no han recibido la reparación adecuada”, detalla Amnistía Internacional, en un comunicado enviado a la prensa, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, recordado hoy.
Paraguay ratificó la “Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, pero el Estado sigue sin aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada.
Con la aceptación, los individuos y organizaciones podrían reclamar violaciones a los derechos establecidos en la Convención ante el Comité e inclusive abriría la posibilidad de reclamos interestatales. “Es necesario que Paraguay acepte la competencia del Comité para que se pueda examinar si se violan los derechos establecidos en esta Convención”, relata el documento.
Las desapariciones forzosas forman parte de un oscuro pasado de los gobiernos autoritarios en las décadas de 1970 y 1980. “En Colombia y en México, las autoridades no están haciendo frente a la cuestión de las desapariciones forzadas, pese a que sigue siendo un grave problema”, señaló Guadalupe Marengo, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
La impunidad fomenta las desapariciones forzadas, “pues sus autores creen que lo que hacen no trae consecuencias”, acotó.
Mientras tanto, en otros países de la región –como Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú, El Salvador, Guatemala y Haití– sigue habiendo miles de personas con paradero desconocido.
“Importa cada persona. Entre las terribles cifras de miles desaparecidos yacen el dolor y el trauma de los familiares que los buscan”, añadió Marengo.
La desaparición forzada se utiliza a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos, según un boletín de prensa enviado por las Naciones Unidas. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
“Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes”, detalla el documento.
Actualmente, los métodos más preocupantes son el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada; el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada, según la ONU.