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Fuentes de la Contraloría manifestaron a ABC Color que ambos reportes fueron “cajoneados” por orden del titular de Unace Lino César Oviedo, por un pacto que existiría con el PLRA ya que ambos documentos hablan de millonarios perjuicios durante la ejecución de Efraín Alegre, presidenciable liberal.
Uno de los reportes, que fue elevado luego de una auditoría a la gestión del MOPC, habla de un daño patrimonial de más de G. 43 mil millones. El control fue ordenado al ejercicio fiscal 2010 de la cartera estatal.
Según las verificaciones realizadas, el Ministerio de Obras Públicas, durante el ejercicio 2010, realizó estos pagos por construcciones, específicamente de edificación, rehabilitación y mejora de empedrados y obras de arte, además de caminos rurales. Sin embargo, no remitió rendiciones de cuentas que justifiquen los gastos realizados.
“Igualmente, tanto en el registro mayor como en las órdenes de pagos, emitidas por el MOPC, se visualizan los datos de las fracturas con su correspondiente número de obligación, con un importe superior al mismo”, explica.
En paralelo, se realizó otro informe en el cual se constata un daño de G. 1.521 millones, conforme a las actas labradas, donde se mencionan que los bienes “no fueron visualizados”.
En las verificaciones “in situ”, realizadas por el equipo auditor a las dependencias del MOPC, en San Pedro y Caaguazú, se constaron que no se adquirieron maquinarias, herramientas y equipos agropecuarios, entre otros.
En total, la suma total del faltante de ambos informes suma G. 44.539.135.130, lo que sería más de US$ 10 millones, al cambio actual.
Cuando ABC tuvo acceso a los reportes, Alegre había explicado que todos los gastos realizados durante su administración están documentados y que el supuesto faltante de más de G. 41.000 millones se encuentra debidamente justificado con facturas de las contratistas y las órdenes de pago que, según indicó, “llamativamente fueron retenidas por los nuevos gerentes del Ministerio de Obras Públicas”.