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Con un fuerte contingente policial, un grupo de aproximadamente 80 familias fueron desalojadas de una propiedad privada de cuatro hectáreas que había sido invadida el año pasado, perteneciente a Antonio Sosa y Flora Rolón de Sosa, quienes denunciaron el hecho el 5 de abril de 2017.
Según informó la fiscala interviniente, Lolia Martínez, ya en tres oportunidades debió realizarse este procedimiento; sin embargo, por cuestiones operativas de la Policía Nacional, recién hoy pudo lograrse. Aunque la fiscala dijo que afortunadamente nadie se resistió al desalojo, periodistas de Vanguardia aseguran que una persona -cuya identidad no trascendió- fue detenida por resistencia.
En el lugar había viviendas precarias de madera que se instalaron y quedaron desmanteladas tras la intervención.
Martínez dijo que ya previamente se imputó a cuatro personas, cuyos nombres no manejaba al momento de la entrevista, por los delitos de invasión de inmueble. Sin embargo, anunció que podrían darse más imputaciones, ya que pudo constatarse que estas personas pedían dinero a las familias ocupantes, además de instigarlas a invadir terrenos ajenos.
Indicó que pudo constatarse que -además se tratarse de las mismas personas que siempre propician invasiones en Presidente Franco- se lucra a costa de estas personas, en su mayoría de escasos recursos, ya que les exigían la suma de G. 4.000.000 por las tierras “loteadas” con una superficie de 10m x 20m cada una. Además, les pedían la suma de G. 150.000 semanales (por honorarios de abogados). La fiscala dijo que ese abogado no existe.
La fiscala anunció que en breve se realizaría otro desalojo en la zona, ya que en una propiedad ubicada frente a esta hay otra invadida, de 28 hectáreas, que también fue ocupada por intermedio de las personas ya imputadas.
Aseguró que, llegado el momento, presentará el requerimiento conclusivo y luego pedirá que se eleve la causa a juicio oral, considerando que se las sorprendió en flagrancia y que ya son varios los casos en que están involucradas.