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Esta vez los que aseguran ser propietarios del inmueble, Celso Recalde y su hija María Celsa Recalde, decidieron hacer justicia por cuenta propia y desalojaron a la mujer embarazada. Dicha determinación la asumieron ante la falta de cumplimiento de una orden firmada por el Juez de Faltas de la Municipalidad local, Jaime López.
El magistrado municipal ordenó la desocupación “de personas extrañas” y la restitución de la propiedad a sus propietarios.
La mujer desalojada, Liz Ramona González, manifestó que hace seis meses había ingresado al sitio porque en la Secretaría de Acción Social (SAS) figura como lote vacío e incluso el presidente de la Comisión Víctor Aranda le había autorizado su ingreso en el lote.
La afectada denunció que la SAS facilitó ese asentamiento para las personas necesitadas y que quieran ocupar los lotes.
Alega también que dicha institución es la responsable de este asentamiento porque hasta el momento no se regularizaron la posesión del inmueble, por lo que las autoridades municipales y del Juzgado de Faltas no tienen atribuciones para ordenar el desalojo ni la ocupación de ningún inmueble.
Por su parte, María Celsa Recalde manifestó que vivía en el lugar pero que se vio obligada abandonar su vivienda porque fue a cuidar a su madre. Alegó que esa situación fue aprovechada por la mujer para apropiarse del sitio.
Dijo que los servicios de agua y energía eléctrica están a nombre de su padre y que ella, al igual que otras madres, ahora está reclamando sus derechos adquiridos y por calificar para ser también beneficiaria del terreno.
Mario López, subjefe de la Comisaría local, manifestó que este enfrentamiento entre familias necesitadas se da porque los dirigentes de los asentamientos facilitan y sacan a los afectados y ante la falta de regularización y documentación por parte de la SAS, predijo que este será un problema de nunca acabar.