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El oficial de justicia Pedro Rafael Fernández Díaz, con mandato de la jueza local, Silvia Cuevas Ovelar firmado el pasado 23 de abril y con acompañamiento de 137 agentes policiales, procedieron a expulsar a colonos de origen brasileño que venían ocupando una propiedad en el distrito de Colonia Marangatú, departamento de Canindeyú desde hace más de 30 años.
El procedimiento se realizó el pasado 6 de junio de 2013, pero recién desde ayer jueves los personales contratados por los presuntos dueños destruyeron las viviendas abandonadas por los colonos en cumplimiento del mandato judicial.
Los desalojados Inori José de Oliveira (52), Leo Inacio Schickling (53), Antonio Balduino (61), Jovelino Pizzatto (60), Devani Da Silva campos (60), Joao Balduino (61), con asesoramiento de los abogados Eunice Luiz de Giménez y Carlos Tomás Noguera, iniciaron en 2011 el juicio de usucapión con medida cautelar para evitar la restitución impulsada por los presuntos dueños.
Los antiguos ocupantes mantienen la sospecha de la legalidad de los documentos arrimados por los dueños ante el juzgado para forzar el desalojo.
En ese sentido, los abogados de los colonos admitieron que la medida cautelar fue revocada, por lo que quedó vigente el mandamiento de desahucio.
Sin embargo, los letrados aseguran que el procedimiento de desalojo está viciado de nulidad, pues previamente no hubo notificación en tiempo y forma a los verdaderos ocupantes de la propiedad.
Asimismo, revelan que entre los notificados aparecen nombres de colonos que ocupan tierras que pertenecen al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
El pasado jueves 13 de junio, personales contratados por Óscar Baranda, administrador de los propietarios, se encargaron de desmantelar las viviendas ya abandonadas por los colonos de la comunidad, distante unos 140 kilómetros al suroeste de esta capital departamental.
Según el administrador, las tierras pertenecen legítimamente a Fernando Rafael Gómez y Mario César Person Báez, y la orden de desalojo confirma la autenticidad de la pretensión.
Remarcó que una fracción de una hectárea fue donada al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que habilitó una escuela que alberga a unos 30 alumnos desde el primer al sexto grado.
Sin embargo, los colonos aseguraron que el juicio de usucapión aún no concluyó y que poseen suficiente derecho sobre las tierras, atendiendo que poseen viviendas, cultivos de rubros agrícolas en plena etapa de crecimiento.
Los afectados lamentaron la decisión de la jueza Cuevas Ovelar de desalojarlos sin considerar las millonarias pérdidas. Resaltaron la existencia de 200 hectáreas de maíz, 15 de trigo, mandioca, entre otros rubros.
La colonia se encuentra a 140 kilómetros de la capital departamental.