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Reclusas del Buen Pastor habían denunciado semanas atrás la imposibilidad de recibir visitas conyugales de sus parejas debido a una prohibición de la directora que contradice un reglamento al respecto, que no especifica el sexo o el género del visitante y que las autoridades dicen ignorar.
Este jueves, según relata un comunicado del grupo por los derechos de las lesbianas, Aireana, concurrieron al Ministerio de Justicia con una nota firmada por más de 3.000 personas solicitando revea su postura sobre su negativa a otorgar el derecho a las visitas íntimas a lesbianas privadas de su libertad. "La nota con las firmas no fue recibida por la Ministra de Justicia, demostrando así su falta de voluntad política para remover obstáculos discriminatorios", señala el escrito.
"La Ministra cuenta con toda una legislación a su favor para permitir a las lesbianas hacer uso de las visitas privadas, sin embargo no tiene la mínima voluntad política para dejar de discriminar", prosigue.
Por su parte, Nathalia Cáceres, directora General de Gabinete del Ministerio de Justicia, negó en nombre de la ministra Carla Bacigalupo, la negativa a recibir dicha nota. La vocera aseguró que estas personas realizaron una manifestación frente a la sede de la institución pero en ningún momento pidieron conversar con Bacigalupo. Agregó además que "quisieron meter una nota luego de las 15:00", cuando el sistema sólo permite que escritos de esta índole sean recibidas hasta antes de ese horario.
Sobre las visitas conyugales, hasta el momento, la versión oficial del Ministerio de Justicia ha sido la vigencia del artículo 53 de la ley 210/1970, que estipula que "el interno/a podrá comunicarse en forma periódica con allegados o amigos que inspiren confianza a las autoridades. Asimismo, podrá recibir visitas privadas del sexo opuesto". Sin embargo, Aireana ha criticado esta versión, alegando que ya existe una nueva normativa, específicamente el "Reglamento para el funcionamiento del beneficio de las visitas privadas en los establecimientos penitenciarios del país" que está vigente desde el año 2012 y establece, en su primer artículo, que las visitas conyugales deben darse "sin ningún tipo de discriminación". Aseguran que por la prelación de las leyes, esta última es la que debería aplicarse.