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La Misión de Observación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, integrada por activistas de DD.HH. y otros, denunció que el fiscal de Pozo Colorado, Héctor Velázquez, está siendo presionado para que desaloje a los indígenas.
El inmueble de 14.404 hectáreas está en Pozo Colorado y está en litigio con el ganadero alemán Heribert Roedel, quien denunció a los indígenas por invasión de propiedad. En consecuencia, el fiscal Vázquez intimó a los nativos a abandonar el predio.
“El desalojo de la comunidad Sawhoyamaxa es ilegal, ya que la controversia jurídica sobre los derechos de propiedad relacionados con las fincas reivindicadas por la comunidad ha concluido a favor los indígenas con la sentencia de la Corte IDH, cuyo cumplimiento no puede ser dejado de lado por ninguna disposición fiscal o judicial del ámbito interno”, señala parte de un extenso comunicado de la misión.
Los activistas exigen al Estado “el inmediato cumplimiento del fallo de la Corte IDH y la adopción de todas las medidas de salvaguarda necesarias a favor de la comunidad Sawhoyamaxa, que garanticen la vida y seguridad de las familias que la integran en las tierras que les corresponden por derecho, impidiendo las represalias de particulares o la eventual represión policial o una intervención fiscal”.
Entre los miembros de esta misión están el jesuita Bartomeu Melià, Line Bareiro, Luis Lezcano Claude, Oscar Ayala Amarilla, Enrique Gauto Bozzano, entre otros.