Denuncian presunta persecución sindical en Dinapi

Sindicato de Funcionarios de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Sifudinapi) pidió ayer el cese de persecución a dirigentes del sindicato y contra otros funcionarios “de límpida trayectoria”. Según Dinapi, el sindicato no está reconocido.

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En una nota remitida a la titular de la Dinapi, Abog. Patricia Stanley, el sindicato señala que el “resabio o impotencia”, engendrado por situaciones dadas internamente en su administración, repercute contra funcionarios y funcionarias “que nada tienen que ver con la mala gestión de otros a cargo directo de la directora, y que han sido denunciados por escrito, pero más bien gozan de total impunidad”.

El sindicato reconoce que “es potestad” de la dirección el cambio de funcionarios, “pero por razones fundadas y razonables”, y lo que pretende “solo puede entenderse en países dictatoriales y de personas renegadas. “Pero estamos seguros de que no es el caso nuestro y menos aún del Gobierno representado por el señor presidente de la República, Horacio Manuel Cartes”, asevera.

En otra parte, la nucleación laboral le recuerda a Stanley que los dirigentes sindicales “están protegidos especialmente por la Constitución Nacional y Leyes especiales” en la República del Paraguay para sus actividades gremiales, dentro del marco legal. Sobre el punto, le critica el hecho de que haya ignorado dichas normativas tuitivas de la actividad sindical.

Advierte que los cambios o traslados realizados últimamente, y que son varios, “no demuestran legalidad alguna”, y menos aún es de igual rango o responsabilidad, "y más bien los tomamos como represalia antojadiza y caprichosa, “que carece de todo fundamento sostenible en derecho”.

En ese sentido, el sindicato suministró la lista de funcionarios “trasladados” de manera arbitraria por la directora nacional Patricia Stanley.

Eustaquia Melgarejo, de jefa de la sección Renovaciones de Marcas, pasó a secretaria de la Direccion General.

Ercilia Martínez, encargada de Mesa de Entradas de Derecho de Autor; Javier Centurión, cajero, pasa a Mesa de Entradas; Florencio Cabrera, examinador de Renovaciones de Marcas, Daniel Pecci, asistente de Asuntos Litigiosos, pasa al Archivo de Patentes.

Finalmente, Óscar Colmán, de examinador de Fondo de Marcas, pasó al Archivo de Expedientes de Marcas. Destacan que todos son miembros del sindicato, desde el secretario general para abajo, y todos funcionarios antiguos y con cargos técnicos.

Con el fin de conocer la versión acerca de la denuncia presentada por el sindicato, hemos intentado (sin éxito) comunicarnos con la directora de Dinapi. En esferas de la institución nos informaron que actualmente se encuentra de viaje en el exterior, específicamente participando de un evento internacional en Buenos Aires (Argentina).

Por otra parte, fuentes de la Dinapi enviaron la Res. 094/17, del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTESS), por la cual “no hace lugar” al registro y reconocimiento de la comisión directiva del Sifudinapi, elegida en asamblea general ordinaria de fecha 29 de abril de 2016.

El ministerio funda su decisión en que la citada comisión directiva no reúne “los requisitos legales”, debiendo el sindicato convocar nuevamente a una “asamblea general extraordinaria de reorganización”, “observando todas las cuestiones de forma y fondo establecidas para estos casos”.

Al respecto, el secretario general de Sifudinapi, Óscar Colmán, afirmó que esta “no aprobación” es una represalia de la dirección nacional de la Dinapi, a raíz de los varios hechos de corrupción que el sindicato ha demostrado, lo que también derivó a la persecución sindical.

En cuanto a las supuestas faltas legales, Colmán explicó que el ministerio tenía que notificar al sindicato acerca de alguna situación,  “pero jamás resolvió sobre la licencia sindical que pedimos ya desde el 2015”.

Añadió que en enero de 2016 la agrupación sindical tenía que convocar a asamblea general, para lo cual presentó todos los requisitos a la secretaría de Estado. “Sin embargo, no nos respondió, debido a que entre los meses de enero y febrero el 80% de los funcionarios sale de vacaciones, por lo que postergamos (la asamblea) para el mes de abril”, recordó.

Acotó que tras la asamblea general ordinaria, el sindicato presentó todo lo actuado, “pero jamás resolvieron, y un año y medio después, o sea, ayer, directamente sacaron esta resolución”, lamentó.

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