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La administración anterior contrató en forma directa a la constructora, que cobró por obras que no fueron ejecutadas, o bien, abandonadas.
El agente fiscal Bernardo Elizaur recibió la denuncia de lesión de confianza contra Ramón Magín Lichi, exgobernador del Guairá, y Gerardo Gavilán, ex director administrativo del ejecutivo departamental.
Según la denuncia formulada por el actual gobernador, Rodolfo Friedmann Alfaro, habría un faltante de G. 3.500 millones y se habrían ejecutado contratos directos que violaron la ley de contrataciones.
La administración de Lichi, según la denuncia, utilizó fondos del rubro de construcciones, quebrantando la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas.
Esa ley exige el llamado a concurso y la publicación de un cuadro comparativo como requisitos para la adjudicación, según el mejor precio. Sin embargo, ese proceso no fue respetado y la gobernación contrató directamente a varias empresas.
La nueva administración del Guairá, a partir de algunas verificaciones, presume que apenas se construyó el 30% de las obras ejecutadas durante la gestión de Lichi.
Uno de los casos corroborados fue el puente que une el centro del distrito de Mbocayaty con la localidad de Santa Bárbara. La construcción está lejos de concluir, pero la administración de Lichi ya pagó G. 315 millones por la totalidad de la obra.
Según un informe de la arquitecta Ada Ledesma, contratada por Lichi para fiscalizar las construcciones de la Gobernación, el puente de Mbocayaty fue construido en 60% y el alcantarillado del lugar en 70%; sin embargo, el gobierno departamental pagó como si la obra hubiese concluido.
El actual gobernador, Friedmann Alfaro, indicó que solicitará un informe de la Contraloría General de la República y una intervención del Ministerio Público para corroborar el estado de las obras y conocer exactamente la responsabilidad de los anteriores administradores.
El gobernador explicó que la denuncia fue presentada hace tres semanas por el administrador Marcelo Albariño, quien reemplazó a Gerardo Gavilán. Sin embargo, sostuvo que la investigación fiscal no avanzó hasta ahora.
Por un caso que involucra a la Gobernación del Amambay, incluso por un monto mucho menor (G. 700 millones), pesa una orden de captura sobre el gobernador. Sin embargo, en el tema guaireño se registró poco avance, sostuvo Friedmann.
Resultó imposible hablar con el exgobernador Ramón Lichi y Gerardo Gavilán sobre la denuncia fiscal, porque tenían apagados su teléfonos celulares. Ambos fueron también denunciados por acoso sexual por una exfuncionaria de la Gobernación de Guairá.
El fiscal Bernardo Elizaur tampoco atendió su teléfono móvil. por lo que no fue posible conocer su versión.