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La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en una conferencia de prensa, hizo público el reclamo por la inacción de los jueces ante casos presentados por los obreros.
Cuatro obreros no han recibido la debida indemnización por accidentes laborales. Todos ellos eran el sostén de sus familias y quedaron sin posibilidad de volver a trabajar. Demandan a las empresas respectivas por no haber realizado los mantenimientos correspondientes y por no contar con un sistema de prevención de riesgos, exponiendo a sus empleados.
Por ejemplo, Miguel Zuchini, trabajaba en los Arsenales de la Marina cuando una puerta corrediza cayó sobre él, lo que hizo que perdiera la movilidad en las piernas. Su proceso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia desde noviembre de 2016.
El segundo caso corresponde a Luis Alberto Rolón. Él trabajaba para la Constructora Santa Rita SA y SRL (representada por Andrés Nicolás Ruiz Pérez), que prestaba servicios a Agrozafra SA (propiedad de la familia Zub) para el montaje de un tinglado, donde sufrió una descarga eléctrica. Estuvo en terapia 21 días y perdió el brazo derecho. Actualmente, tiene una incapacidad del 100%. No contaba con seguro de IPS, aunque sí le descontaban el monto del mismo de su salario. Su expediente está en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, Francisco Luján era un trabajador del Frigorífico Concepción SA (representada legalmente por Jair Antonio De Lima y Carina Lima). Cumplía funciones de cuchillero de cuero, descarnando y desgrasando de la curtiembre de la empresa. Una de las máquinas con las que trabajaba le quemó el brazo, por lo que tuvieron que amputarle la mano. Luego de la demanda, la empresa lo despidió y el expediente fue radicado en el Juzgado de la Primera Instancia y está pendiente la admisión de pruebas.
Finalmente, Pantaleón Cardozo tenía un puesto laboral como oficial de línea eléctrica en GCA SA (representada por Jorge Humberto Ozuna Limas), que realizaba trabajos para la ANDE. En una jornada laboral sufrió una descarga eléctrica, pese a que mientras trabajaba no se debía haber reactivado la corriente eléctrica. Tuvo quemaduras de tercer grado en la cabeza y la espalda. Se le amputó parte del brazo y la pierna. Perdió la audición en uno de los oídos y tiene una discapacidad total del 82%.
Este último caso sigue en el Juzgado de Primera Instancia, pendiente de apertura de la causa a prueba.