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La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, presentó la denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia contra las abogadas Nora Montiel González, con matrícula N° 36.376, y María Elena Barrios, con matrícula N° 29.521, en el marco de la causa 8678/17, caratulada “Haron Jorge Hougham y otros s/ Lavado de Dinero”.
El Ministerio Público informó que la Fiscalía General “ha respetado” el rol autónomo que le compete a cada una de las partes dentro del sistema penal, y que en ese contexto debe realizar su tarea investigativa, teniendo en cuenta que se trata de un hecho punible que conlleva una acción penal pública.
Agrega que cuando el ejercicio de la defensa técnica se efectúa al margen de las premisas legales, se desprende que la actitud es de “carácter irresponsable”. Añade que en esta causa se realizó una serie de conductas con el fin de entorpecer o dilatar la labor fiscal.
“Es decir, estamos en presencia de un litigante de mala fe, que actúa fuera de los parámetros que enmarca la Ley, ya que lo hace de manera irreverente e irregular”, según una parte de la denuncia presentada por Quiñónez.
Señala que la defensa técnica, compuesta por las citadas profesionales del derecho, “busca afanosamente” obstaculizar la labor fiscal del Ministerio Público, ya que las mismas han planteado diversos recursos contra todos los agentes fiscales (a escala país) que forman parte de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico”.
Afirma que, de igual manera, recusaron a todos los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, a pesar de que la mayoría de ellos no tuvieron intervención alguna en la causa.
“Estos tipos de actitudes de mala fe han llegado a situaciones extremas, donde la defensa técnica interpuso recusaciones contra fiscales adjuntos, pero, sin embargo, los mismos no tuvieron participación en la investigación en forma directa”, resalta.
Sostiene que este tipo de hechos habrían sido la constante durante todo el periodo de investigación y, teniendo en cuenta los citado antecedentes, ha quedado demostrada la clara intención de dilatar el proceso e interferir en el trabajo fiscal, abusando de las facultades que el Código concede para el ejercicio de la defensa.
El Ministerio Público afirma que de los escritos presentados se desprende la falta de fundamento y argumento válido, ejerciendo el derecho de manera abusiva, temeraria y dilatoria, habiendo recusado a casi 50 agentes fiscales y tres adjuntos, con lo que se evidencia la intención de la defensa técnica de impedir “en forma desmedida” el avance de la investigación llevada adelante por la Fiscalía.