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Ladis Natalia Sosa Arrúa presentó en la Fiscalía de J. Augusto Saldívar una denuncia sobre el supuesto hecho punible de violencia familiar en febrero de este año contra su expareja, Horacio Ortiz Albrecht (PLRA, llanista), intendente de Ypané, sin embargo, tras varios meses sin resultados, reclama que existe presión política para que el fiscal de la causa, Enrique Gómez Ruiz, no resolviera imputar al denunciado.
El abogado de la mujer, Herminio Delgado, dijo que existen elementos “suficientes” para que el fiscal decidiera imputar al intendente Ortiz y pedir su prisión preventiva. Fueron presentados un certificado médico, audios de amenazas y actas policiales de denuncia.
El fiscal Gómez, sin embargo, dijo a ABC Digital que “hay dudas” por lo que no puede resolver una imputación contra Ortiz, ya que aún faltan ciertos elementos para ello, como un examen psicológico y aclarar un error que existe en el certificado médico, ya que este fue ratificado, pero por otro profesional.
Por otra parte, el asesor jurídico del jefe comunal, Guillermo Snead, aseguró que Sosa denunció a su cliente “sin ningún tipo de argumento” y que la denuncia prosperó porque este es “un hecho de acción penal pública”.
“No existen elementos ciertos. Ella presentó un certificado que no coincide con el médico que firmó luego, cuando se pidió informe”, dijo Snead a nuestro diario. Mientras Ladis Sosa denunció que fue supuestamente violentada en tres ocasiones en lo que va de año y que incluso Ortiz intentó forzar una relación sexual a punta de pistola.
“Estamos preocupados”, dijo el abogado de Sosa ya que el 24 de abril pasado se repitió otra agresión contra su clienta, quien además es constantemente amenazada de muerte por su expareja con quien tiene un hijo de dos años de edad y convivió aproximadamente cuatro años, según su relato.
“Es violento, sin piedad contra la madre de su hijo. Ya se fue de las manos todo esto… Esperemos no sea demasiado tarde y la Fiscalía actúe sin influencias llanistas ni políticas”, denunció Delgado y añadió “que todos los actos de violencia lo hizo frente al niño”.
Para el abogado defensor Snead, la mujer tiene como objetivo “sacar una ventaja patrimonial” ya que exigió el 50% de todos los bienes del intendente, además de que presentó un juicio de reconocimiento de matrimonio aparente para que su relación sea formalizada. “Realizó un acto casi extorsivo”, opinó.
“Ella incluso firmó por escribanía una escritura en donde reconoce, en presencia de sus dos abogados, que el hecho no existió e hizo esa denuncia solamente porque estaba nerviosa por una cuestión relacionada a su hijo”, dijo Snead.
Asimismo, según la defensa, Ortiz no tiene problema en otorgar la casa a Sosa ya que allí viviría su hijo, quien recibe G. 5 millones en concepto de prestación alimentaria de mútuo acuerdo, sin embargo, “el problema es que quiere más cosas”, aseguró.
Delgado, no obstante, informó a nuestro diario que las agresiones verbales-psicológicas tuvieron comienzo en el año 2016 y que luego fue agredida físicamente por el intendente en tres ocasiones, la primera el 29 de enero, otra el 8 de febrero y la última el 24 de abril pasado.
Además que Ortiz siempre anda supuestamente armado con una pistola y un cuchillo que lleva en la cintura por lo que la mujer teme por su vida y la de su hijo, por lo que pide desesperadamente que este imputado y guarde prisión preventiva, conforme al abogado Delgado.
No obstante, la denuncia, que actualmente está en etapa investigativa, “se encamina a una desestimación”, prevé Snead.