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El principal cuestionamiento es que el consorcio concesionado, TX Panamá (Grupo TX SA y Gaudi SA), accedería a todo el registro de los contribuyentes de Asunción. La adjudicación es por 10 años y la firma privada se llevará el 22,75% del aumento que consiga en la recaudación municipal.
El edil colorado y la activista presentaron este martes la denuncia ante la plenaria de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. La nota también ingresó por mesa de entrada en ambas Cámaras, para que se lea posteriormente en el Senado y en Diputados, en alguna sesión ordinaria próxima.
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La dirigente del frente ciudadano #AsuNosevende, Rosa Vacchetta, detalló que los datos que se le quiere entregar a la empresa es información sensible, protegida en el Art. 36 de la Constitución Nacional. “Qué tipo de casas tenemos, dónde tenemos las casas, dónde tenemos otros inmuebles (...) Qué tipo de pasar económico tenemos, qué tipo de vehículo tenemos, qué tipo de empresa tenemos”, detalló.
Igualmente, la empresa privada se quedaría con parte de los impuestos municipales, que no pueden ser enajenados según lo establece también la Constitución, puntualizó Vacchetta.
Es por ello que presentaron una acción de inconstitucionalidad colectiva contra las resoluciones que aprueba el Sistema de Gestión Tributaria y Catastral que se pretende implementar en Asunción. Mientras se resuelve, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una medida cautelar que protege los datos de los más de 3.000 contribuyentes que firmaron la solicitud para accionar y atacar el acuerdo de inconstitucional, explicó Fiorotto.
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El consorcio está conformado por la empresa panameña Grupo TX SA y la firma paraguaya Gaudi SA. El representante de esta última es Carlos Ramírez Molina.