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La jueza ordenó el pago de más de G. 18.000 millones (US$ 3,2 millones) por la supuesta venta de un inmueble que siempre perteneció al Estado paraguayo, según informaron en la fecha las autoridades de diferentes reparticiones durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el Ministerio de Hacienda.
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El viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, quien por estos días sustituye a la ministra Lea Giménez (de visita en Taiwán), dijo que la referida jueza remitió varias intimaciones para que el Estado deposite el dinero en una cuenta judicial por la supuesta operación y, ante la negativa, denunció ayer a la titular de la cartera fiscal por desacato para buscar forzar el pago por tierras con titulación irregular e inconsistencia geográfica.
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De la conferencia de prensa también participaron y dieron sus respectivas versiones sobre este caso, que ya data de 2006, el presidente del Indert, Justo Cárdenas; el procurador general de la República, Francisco Barriocanal; el director jurídico del MOPC, Dionisio Mereles; la directora general de Registros Públicos, Lourdes González; el abogado del Tesoro, Fernando Benavente; el director de Catastro, Francisco Ruiz Díaz, y el cacique Mariano Ferreira, de la comunidad Avá Guaraní.
Se informó que el hecho proviene de un juicio caratulado “Alfredo Sebastián Jaeggli Valdés y otros c/ Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones s/ejecución de resoluciones judiciales”, a cargo de la mencionada jueza, que dictaminó el pago del inmueble (Finca 2108 con Padrón 3146 de Itakyry) que está ubicado sobre tierras fiscales, intentando de esta manera que el Estado compre su propia propiedad.
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”Se trata de la supuesta venta de una parcela, resultante del fraccionamiento de la citada finca, que realizara un privado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, pero con titulación irregular y serias inconsistencias geográficas”, argumentaron.
A modo de frenar el pago, el Gobierno recurrió a la Corte Suprema de Justicia, de tal modo a revertir el caso a favor del Estado, ya que el Tribunal de Cuentas rechazó todas las acciones que se presentaron.
La demanda en principio fue por unos G. 5.972 millones (US$ 1 millón) y tras diez años de litigio con los intereses suman ahora más de G. 18.000 millones (US$ 3,2 millones), expresaron las autoridades.
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De acuerdo con los antecedente que se dieron a conocer en la conferencia de prensa, en 2008 la citada Finca 2108 fue fraccionada para ser vendida, a través de un contrato privado al MOPC, objeto de esta discusión de pago y que, a pesar de que debía contar con una nueva nomenclatura catastral, mantiene el mismo número de Finca 2108 de Itakyry.
“Se suma el hecho de estar pendiente la calificación registral, por la presunta irregularidad contenida entre el título y la ubicación de la tierra”, indicaron las autoridades.
El MOPC ya en 2008 dio por rescindido el contrato administrativo de compraventa que se había llevado adelante y a revocar la resolución de adjudicación.
En febrero del 2018, según indicaron, Hacienda denunció penalmente este hecho debido a intentos de emisión de un certificado catastral sin observaciones, en el marco de los trámites judiciales para este pago.