Cargando...
El proyecto de ley de responsabilidad fiscal figuraba en el segundo punto del orden del día. Durante el debate, diputados de la bancada del Partido Colorado expresaron su acompañamiento a la propuesta.
Algunos liberales como Dionisio Amarilla dieron su visto bueno a la propuesta, no así otros como los diputados Antonio Buzarquis y Víctor Ríos, quienes sin embargo afirmaron que acompañarían la decisión mayoritaria.
El debate se extendió por más de media hora por lo cual el diputado Sergio Rojas (PLRA) pidió el cierre de debate y pasar directamente a la votación, puesto que la aprobación del proyecto era evidente. Hubo oposición al pedido y Rojas decidió “echarse atrás” en su intención por solicitud del titular de la bancada liberal, Amado Florentín, quien pidió espacio para opinar.
Sin embargo, Mario Soto Estigarribia (ANR) hizo suyo el pedido y solicitó el cierre de debate, lo cual fue acompañado por la mayoría colorada.
Los liberales, ofuscados, decidieron abandonar la sesión, acompañados de las dos legisladoras de Avanza País y de la multibancada de oposición.
Pese a los intentos para que los diputados retornen a la sesión y así aprueben la ley de Responsabilidad Fiscal, solo las legisladoras de Avanza País retornaron, pidiendo a los colorados “más respeto hacia las bancadas minoritarias”.
Luego de un conteo de los parlamentarios en sus respectivos escaños, solo 40 estuvieron presentes, no contándose así con el mínimo requerido (41 diputados), por lo cual la sesión fue levantada por falta de quórum.
El proyecto de ley de responsabilidad fiscal establece que el déficit fiscal anual de la Administración Central, incluidas las transferencias, no será mayor que el uno coma cinco por ciento (1,5%) del Producto Interno Bruto (PIB) estimado.
Además contempla que el incremento anual del gasto corriente primario no puede exceder la tasa de inflación promedio anual en más de 4 (cuatro) puntos porcentuales; y no se podrán incorporar incrementos salariales, excepto cuando se produzca un aumento en el salario vital mínimo y móvil vigente.
La Ley busca evitar el desorden de las finanzas públicas por razones del juego político por lo que establece que en los años de elecciones generales el gasto corriente primario, ejecutado durante los primeros 7 (siete) meses del año, no puede exceder el 60% del Presupuesto Aprobado para ese año.