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El juez relató que ayer, cuando María Selva Morínigo de Díaz fue llevada al Poder Judicial para la imposición de medidas, se tuvo en cuenta la primera imputación, en la que la fiscala Estefanía González pidió prisión preventiva, a lo que se suma el hecho de que se realizaron allanamientos por la orden de detención del exfiscal Javier Díaz Verón y su esposa, todo lo cual lo llevó a ordenar que la mujer sea derivada al penal del Buen Pastor.
“Independientemente a eso, la defensa planteó cuestiones de fondo, como una pericia, que todo sabemos que siempre alegó y es de público conocimiento, pero eso se debe debatir en otra etapa procesal. En la medida cautelar, lo que vos tenés que hacer es dervirtuar el peligro de fuga u obstrucción al proceso”, explicó respecto a por qué decidió ordenar la prisión de María Selva, quien se presentó ayer luego de permanecer prófuga durante varios días, con orden de captura bajo sospecha de lavado de dinero.
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Delmás destacó el hecho de que, pese a presentarse ante la justicia, no lo hizo con todas los documentos para acreditar su sometimiento al proceso. “La medida cautelar es independiente a la cuestión de fondo”, aclaró. El juez señaló también que en algunos medios trataron de “populista” su decisión, pero que él argumetó su decisión y aplica la ley de manera igualitaria en cada proceso penal.
Además, destacó hay algunas incrongruencias en el Ministerio Público, ya que primeramente la fiscala González solicitó prisión preventiva por peligro de obstrucción a la investigación, pero luego otra agente solamente pidió arresto domiciliario.
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Una investigación realizada por ABC Color reveló que el anterior fiscal general del Estado, su esposa y sus hijos Yerutí y Alejandro Díaz Morínigo aparecen como propietarios de la empresa Canto Rodado SA, con capital de G. 2.500 millones.
María Selva Morínigo aparece como propietaria de las empresas Canto Rodado y Salty River. Díaz Verón posee una estancia modelo que aparece a nombre de su suegra. La Coordinadora de Abogados del Paraguay realizó la denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) en octubre del año pasado, cuando se iniciaron los procesos por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.