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La convocatoria de la mesa directiva de la Comisión Permanente será el 7 de enero. Ese día, deberán acudir al Congreso Nacional el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, y el ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, para explicar con claridad cuál es el alcance y el espíritu de la ley que reglamenta el SMO. “Existe bastante confusión en este tema, por eso queremos conversar con los responsables de la aplicación de la ley”, expresó el diputado Antonio Buzarquis.
Luego de escuchar los argumentos de las dos autoridades, al día siguiente, el 8 de enero, se realizará la primera sesión ordinaria de la Comisión Permanente, donde, informó Buzarquis, pondrán a consideración del pleno la nota de pedido de derogación de esa ley del servicio militar obligatorio, que fue presentada por senadores liberales y del Partido Democrático Progresista (PDP).
También, en esa primera sesión ordinaria, los miembros de la Comisión Permanente brindarán la oportunidad a los senadores proponentes y proyectistas en general de que acudan a la sesión a explicar los fundamentos del petitorio de la derogación de la ley.
Buzarquis adelantó que en esta sesión es factible que se fije fecha para una sesión extraordinaria donde se trataría el conflictivo tema del servicio militar obligatorio, pero todo dependerá de que exista conformidad de la mayoría de los parlamentarios y argumentos suficientes que ameriten la convocatoria.
“Tenemos un reglamento que habla de una cantidad mínima de votos para que se pueda convocar a ambas Cámaras en este caso. Depende de esa reunión del 7 para esclarecer el tema”, detalló Buzarquis.
Asimismo, el diputado opinó que se debería aprovechar esta crisis como una oportunidad para buscar opciones mejores para la juventud. “Podríamos hablar de oficio civil obligatorio, por ejemplo, con el SNPP y la Sinafocal, ¿por qué no? Para que todos tengan un oficio, una profesión”, se preguntó el diputado, quien planteó a su vez como opción “trabajar en un programa social con el Centro Nacional de Control de Adicciones, que tiene tantas necesidades”, propuso.
Finalizó recalcando que es “una obligación del Estado comunicar de la mejor manera el cumplimiento de una ley. La ley es obligatoria, pero las disposiciones deben ser claras”, resaltó.