Debía evaluar a su competencia

Una funcionaria de la Policía Nacional aspiraba a ingresar al cuadro de oficiales de la fuerza del orden. Sin embargo, en su situación había una cuestión particular: era además la encargada de evaluar a quienes competían con ella por un lugar.

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Martha Johanna Meza González es funcionaria de la Policía Nacional desde hace dos años, de acuerdo a la nómina de funcionarios que publica la institución. Según ese documento, ocupa el cargo de “Auxiliar de Servicios” y percibe una remuneración de poco más de G. 2.550.000.

Aprovechando la convocatoria para el ingreso al cuadro de oficiales de la Policía, Meza González decidió presentarse como aspirante y consiguió una puntuación de 97 sobre 100. Hasta aquí, la historia no presenta punto llamativo alguno. Sin embargo, hay una serie de cuestiones que deberían ser tenidas en cuenta.

El primer punto es que Martha Johanna Meza González, quien se postulaba al cargo de Oficial Ayudante, es miembro de la Comisión de Preselección para la Incorporación a los cuadros permanentes de la Policía Nacional.

De acuerdo a un dictamen de la asesoría jurídica de la Policía al que tuvo acceso ABC Color, Meza González firmó varios resultados de la evaluación de currículum para incorporación al cuadro. El informe señala que la misma evalúa a los postulantes a incorporarse al cuadro de oficiales, el mismo al que solicita su incorporación.

“Es decir, la afectada evalúa y puntúa a quienes compiten directamente con ella”, asevera parte de los considerandos del dictamen de la asesoría jurídica de la Policía. En otro punto el documento señala que se solicita informes a varias dependencias para conocer la situación de la funcionaria, debido a que numerosos postulantes quedaron fuera de la lista de preselección final por la evaluación otorgada por ella.

Ante esta situación, la Asesoría Jurídica recomendó la improcedencia de la postulación de Meza González, “debido a que si postulantes evaluados por la citada funcionaria tienen conocimiento de la situación suscitada, podría darse lugar a reclamos no solo institucionales, sino también judiciales”.

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