Cargando...
Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y constataron que la empresa seguía trabajando a puertas cerradas con toneladas de cuero.
Los lugareños se manifestaron, cansados de realizar las denuncias ante los diferentes entes estatales, que al final lograron el pasado jueves que las autoridades clausuren dicha curtiembre que arroja sus desechos industriales al cauce del arroyo Capilla. Sin embargo, constataron que sigue operando, haciendo caso omiso a lo dispuesto por la Municipalidad local.
El propietario de la curtiembre, Carlos Legal, incumple la resolución municipal firmada por el intendente Isabelino Silva, quien mediante recomendación de la Junta Municipal dispuso el cese temporal de las actividades industriales Reinsa S.A., señaló Alba Montiel, presidenta de la Comisión Ambiental por Carapeguá.
Resaltó que se volvió insoportable la contaminación ambiental, especialmente del arroyo Capilla, donde la empresa Reinsa S.A. -la única que sigue trabajando, porque las demás están clausuradas- vierte sus desechos industriales y químicos altamente tóxicos al cauce hídrico que cruza por el centro de la ciudad, desemboca en el arroyo Caañabé y es principal afluente del lago Ypoá.
Legal dijo a los vecinos que no sabe cuándo la fábrica detendrá sus actividades, porque tiene suficiente materia prima que procesar y nadie le puede prohibir trabajar. Inclusive, en forma prepotente prohibió que se siga sacando fotos a su local.
Por su parte, el obispo de la Diócesis de Carapeguá, monseñor Hermes Robledo, pidió a los industriales que respeten la dignidad y el derecho de las personas a vivir en un ambiente salubre.
El ejecutivo municipal ya había clausurado por 24 horas dicho establecimiento industrial en octubre pasado, pero el juez de Faltas de la Municipalidad, Jaime López, había levantado la medida por improcedente.
La justificación de la empresa es que da trabajo. Según el concejal Luciano Cañete, este argumento ya no convence a nadie y, así como otras curtiembres están clausuradas por contaminar los cauces hídricos, ésta también debe ser cerrada.
Hasta el momento, las fiscalas del Ambiente Cinthya Lovera y Sandra Torres imputaron a un total de 15 industriales por procesamiento ilícito y transgresión a la ley ambiental. Asimismo, el juez de Garantías de esta ciudad, Victor Vega, a pedido del Ministerio Público dispuso el cese de actividades de ocho industriales.