La animación muestra el proceso del caso de la comunidad Y'apo, perteneciente al pueblo indígena avá guaraní, cuyos miembros fueron desalojados por la Policía el pasado 20 de mayo.
Los agentes, que contaban con la autorización de la jueza regional Silvia Cuevas, quemaron más de 100 viviendas, templos y lugares sagrados, según denunció la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena.
La acción ocurrió mientras la comunidad acudía a una audiencia convocada por la misma magistrada en un juzgado situado a un centenar de kilómetros como parte del proceso para dirimir la propiedad de las tierras.
La animación, realizada por Rodrigo Hamuy y Rebeka Sanabria, fue puesta a disposición en la web “Cultura Guaraní”, que divulga las costumbres de los pueblos indígenas.
El programa, hecho en dos dimensiones, muestra primero a una decena de miembros de la comunidad Y'apo rodeados de casas de madera y de un par de plantaciones en 1997, cuando comenzó el proceso legal que intenta expulsar a los nativos de esas tierras.
La aplicación da unos segundos para que el usuario lleve al grupo hasta los diferentes juzgados por donde ha pasado el trámite, que sucesivamente le van respondiendo que el jurado ha fallado a su favor y que las tierras siguen siendo suyas.
En el año 2014 el usuario debe llevar al grupo hasta el juzgado de Saltos del Guairá con la amenaza de que si no asisten al juicio a tiempo perderán sus tierras.
Cuando la audiencia concluye, la aplicación muestra el siguiente texto: “La reunión fue un sinsentido ¿para qué los habrán llamado?”.
Entonces el usuario debe llevar de vuelta a los indígenas a su comunidad, pero al llegar se encuentran a la Policía que rodea sus casas y sus plantaciones ya destruidas.
“Mientras estaban ausentes, mandaron la orden de desalojarlos, destruyendo sus templos y sus casas”, reza el mensaje final de la animación.
La comunidad, de la etnia Avá Guaraní, intenta recuperar en los tribunales lo que considera sus tierras ancestrales, ahora en manos de la empresa Laguna S.A., que pidió su salida del terreno y cuyos abogados acompañaron la operación policial la semana pasada, según la Pastoral Indígena.
La jueza Cuevas se negó hoy, en conversación telefónica con Efe, a dar información sobre el caso, al igual que el comisario encargado de la jefatura de Policía de Canindeyú, Simeón Martínez, quien aseguró que estuvo presente durante el desalojo, pero no quiso dar datos al respecto.