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Recientemente la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que establece que los imputados que gocen de arresto domiciliario, sean controlados mediante pulseras electrónicas. Ahora pasó a Diputados.
El proyecto de ley, en su artículo dos, establece que la implementación, control y monitoreo periódico del uso de la pulsera electrónica, estará a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
La máxima instancia judicial será la encargada de buscar o licitar los servicios de la empresa que proveerá la pulsera electrónica. La Corte buscará el sistema que mejor convenga en cuanto a precio, factibilidad y efectividad, informaron fuentes legislativas.
También será la máxima instancia judicial la autorizada en concretar los planes pilotos de implementación del sistema, que permitirá custodiar debidamente a los procesados con arresto domiciliario.
Según las fuentes, en otros países de la región el sistema se adquirió con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Si lo necesita, el Poder Judicial tiene la posibilidad de solicitar al Congreso una ampliación presupuestaria, para la adquisición de las pulseras electrónicas.
Actualmente en casi todos los arrestos domiciliarios, los controles son efectuados por la Policía Nacional, ya sea de forma aleatoria o fija.
Con la pulsera electrónica, que será colocada en el tobillo del procesado, desde una central se controlará los movimientos del imputado, quien no podrá alejarse a 50 metros a la redonda de su lugar de arresto domiciliario.
El proyecto de ley causó opiniones dispares entre los legisladores; varios cuestionaron que no está claro de dónde provendrá el financiamiento para la compra y las empresas que proveerán el servicio, por lo cual casi fue rechazado en el Senado.
Lo que están a favor aseguraron que la ley permitirá descomprimir la presencia de reclusos en las cárceles y ayudará a la Policía a dedicarse plenamente a las tareas de seguridad. Además hará que se haga efectiva los centenares de casos de arresto domiciliario que existen en la actualidad.
El proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Diputados, para su correspondiente estudio.