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Un grupo de más de un centenar de aportantes y jubilados del IPS presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, solicitando cobrar sus jubilaciones por sobre el límite actual que es de 10 salarios mínimos o 300 jornales diarios mínimo (G. 22.000.000 apróximadamente).
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Pese a que la acción tiene cierto grado de justicia, ya que efectivamente son personas que aportaron más que el tope, la medida podría desequilibrar no tanto al IPS, sino sobre todo a las Cajas Jubilatorias públicas, que son las menos sólidas.
Pedro Halley, gerente de prestaciones económicas del seguro social del IPS, explicó que el sistema de jubilación privada se rige por un sistema solidarios, es decir, se establece ese tope de G. 22 millones como máximo para la jubilaciones, a fin de garantizar una mayor solidez general el sistema.
“Si ese artículo garantista del modelo (sistema solidario) destruís, yo voy a tener que pagar jubilaciones de G. 80 millones o 60 millones y ahí se rompe y deja de ser un modelo solidario, de reparto y pasa a ser un modelo de capital individual y destrozamos el modelo”, explicó Halley.
El mismo advirtió de la gravedad de la situación, aunque también dijo no querer ser en extremo “alarmista”. “Me alarma que la Corte Suprema emita una resolución de tal magnitud y desacierto sin conocimiento absolutamente del sistema que tenemos. Eso es alarmante, pero tampoco quiero ser alarmista en el sentido de que con esta medida que se hace, vamos a producir el colapso del fondo de pensiones, tampoco es así”, afirmó.
Explicó que IPS “tiene suficientes reservas financieras y demográficas para aguantar esto, que evidentemente nos va a afectar”, pero no todas las cajas jubilatorias son tan sólidas como IPS, tal como quedó demostrado con la reciente discusión de la jubilación de médicos.
Hay otras cajas a las que “le va a afectar mucho más y mucho más rápido”, por lo que ya están empezando a actuar para revertir la acción en la Corte. El inconveniente es que hay que buscar una salida legal para apelar, ya que la decisión ahora vigente se dio por un supuesto malentendido que dejó fuera al IPS.
“La Corte Suprema aparentemente -se está investigando eso- no corrió traslado de la demanda, de la acción, sino solamente a la Procuraduría General del Estado, entiendo que era una acción contra el sistema jubilatorio público. Lo que pasa que IPS no contestó porque no se enteró y nos enteramos ya cuando la acordada se dictó y cuando se trata en la Corte Suprema no tenés recursos”, comentó el funcionario de IPS.
El martes se prevé la reunión del Consejo Administrativo del IPS, pero no obstante el equipo jurídico ya está analizando las acciones posibles a tomar, a fin de accionar ante la medida. Por el momento, no liberaron los pagos pese a la orden judicial.
Por su parte, Cecilia Rodríguez, directora de Jubilaciones del IPS, dijo que están tratando de cuantificar el impacto económico que esta medida tendría, pero a juzgar por el primer cálculo realizado, el costo sería enorme.
"Tenemos un grupo de 15 personas que estaban por pedir, que era de un sector naviero. Al ser nuevos jubilados, nos impactaría como G. 10.000 millones, pero es un grupo muy pequeño", dijo alertando en que los que podrían buscar el mismo beneficio serían muchos más.
"Estamos justamente calculando eso, en la parte de jubilaciones yo diría que podrían llegar a unas 5.000 personas", consideró Rodríguez, es decir, eso sin contar los que están por jubilarse en los próximos meses.