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Pero, a partir de ahí, no sabe qué ha ocurrido.La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) no sabe si al final las cooperativas han completado o no la aplicación de las normativas para combatir o evitar ese delito, dijeron ayer a nuestro diario fuentes de dicha institución dependiente de la Presidencia de la República.
Admitieron que no tienen novedades al respecto desde que la Seprelad dictó, el 30 de abril pasado, la resolución N° 106/09 por la que otorgó un mes más para que las cooperativas se adecuen a la Ley 1015/97 que "previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero" sucio.
Preguntadas sobre cómo la Secretaría puede dejar a la deriva una situación tan delicada como esa, las fuentes alegaron que en realidad la Seprelad es un órgano normativo y que en este caso el órgano de aplicación es el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
Sin embargo, tampoco tienen informe alguno del Incoop sobre los eventuales avances de la aplicación de las medidas, y lo que es peor, nunca lo solicitaron.
Esto demuestra, como mínimo, una grave descoordinación en esta tarea entre dos órganos estatales en momentos en que los depósitos de dinero siguen creciendo en el ámbito cooperativo, generando preocupaciones en el Ministerio de Hacienda y el Banco Central a raíz de la frágil supervisión existente en el sector.
Anunciaron sumarios
Según un último informe aparecido sobre el tema en la página web del Incoop, de las 650 entidades solidarias existentes legalmente en el país, sólo 120 habían cumplido con la disposición de aplicar las disposiciones referidas al lavado de dinero.
Fuentes del Incoop explicaron ayer que esos datos corresponden a mayo pasado, y que actualmente están recibiendo una nueva evaluación de parte de las cooperativas y que posiblemente con esa información van a poder conocer también el nivel de aplicación de la Ley 1015/97, que por otro lado ha sufrido recientemente algunas modificaciones que están a punto de entrar en vigencia.
En una primera etapa, se habían dictado sanciones contra 62 cooperativas de tipos "A" y "B" que no presentaron, o presentaron fuera de plazo, sus informes financieros, mientras que otras 98 del tipo "C" recibieron intimaciones, de acuerdo a datos del Incoop.
Las medidas
Entre otras cosas, por disposición legal, las cooperativas deben designar un oficial de cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero "con autoridad de nivel jerárquico superior" y comunicarlo tanto al Incoop como a la Seprelad. También deben crear el perfil del socio, a fin de establecer oportuna identificación de los asociados y su capacidad real de ahorro y de pago.
Admitieron que no tienen novedades al respecto desde que la Seprelad dictó, el 30 de abril pasado, la resolución N° 106/09 por la que otorgó un mes más para que las cooperativas se adecuen a la Ley 1015/97 que "previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero" sucio.
Preguntadas sobre cómo la Secretaría puede dejar a la deriva una situación tan delicada como esa, las fuentes alegaron que en realidad la Seprelad es un órgano normativo y que en este caso el órgano de aplicación es el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
Sin embargo, tampoco tienen informe alguno del Incoop sobre los eventuales avances de la aplicación de las medidas, y lo que es peor, nunca lo solicitaron.
Esto demuestra, como mínimo, una grave descoordinación en esta tarea entre dos órganos estatales en momentos en que los depósitos de dinero siguen creciendo en el ámbito cooperativo, generando preocupaciones en el Ministerio de Hacienda y el Banco Central a raíz de la frágil supervisión existente en el sector.
Anunciaron sumarios
Según un último informe aparecido sobre el tema en la página web del Incoop, de las 650 entidades solidarias existentes legalmente en el país, sólo 120 habían cumplido con la disposición de aplicar las disposiciones referidas al lavado de dinero.
Fuentes del Incoop explicaron ayer que esos datos corresponden a mayo pasado, y que actualmente están recibiendo una nueva evaluación de parte de las cooperativas y que posiblemente con esa información van a poder conocer también el nivel de aplicación de la Ley 1015/97, que por otro lado ha sufrido recientemente algunas modificaciones que están a punto de entrar en vigencia.
En una primera etapa, se habían dictado sanciones contra 62 cooperativas de tipos "A" y "B" que no presentaron, o presentaron fuera de plazo, sus informes financieros, mientras que otras 98 del tipo "C" recibieron intimaciones, de acuerdo a datos del Incoop.
Las medidas
Entre otras cosas, por disposición legal, las cooperativas deben designar un oficial de cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero "con autoridad de nivel jerárquico superior" y comunicarlo tanto al Incoop como a la Seprelad. También deben crear el perfil del socio, a fin de establecer oportuna identificación de los asociados y su capacidad real de ahorro y de pago.