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Silvio Ortega, director del Senepa, contó a ABC Color que el año pasado se llevó a cabo un llamado a licitación al que se presentó una empresa, que se llama Eco Rural, con una oferta de 127 millones de guaraníes por cada fumigador.
Pero esa licitación se dejó de lado y en noviembre se volvió a hacer otro llamado. Según Ortega, ahí Eco Rural hizo una oferta de G. 105 millones por cada equipo, otra empresa que se llama Betoga ofertó G. 88 millones y Provindus, la tercera competidora, unos G. 85 millones por cada fumigador.
El titular del Senepa dijo que se descalificó a Provindus por irregularidades y quedó la menor oferta, que fue Betoga.
Betoga llegó a vender 13 fumigadores al Senepa, pero Eco Rural denunció a Contrataciones que esa firma se creó dos semanas antes del llamado y que endosó su póliza de seguros después de la apertura de sobres.
Contrataciones hizo lugar al reclamo y emitió una resolución (número 377/13) para suspender la licitación, el 15 de febrero pasado.
El ministro de Salud, Antonio Arbo, afirmó tras conocerse la resolución que esto se iba a investigar, para dar garantías de transparencia al proceso. El Senepa, sin embargo, recurrió la resolución a través de un acto de reconsideración, al afirmar que no hubo irregularidades en la licitación. El pasado 1 de abril, la DNCP rechazó el recurso de reconsideración promovido por el Senepa con sendos argumentos, con lo que se plantó, afirmando que hubo irregularidades en la adquisición de las fumigadoras.
En aquella ocasión, Arbo señaló que a pesar de que la DNCP confirmó la irregularidad y “paró” la compra de fumigadoras, iba a pagar por los 13 equipos adquiridos.
“Nosotros consideramos que no hubo irregularidad y tenemos los documentos para probarlo. No entendemos la posición de Contrataciones Públicas. Consideramos que hemos ahorrado dinero al Estado, al dejar de lado la primera licitación y al tomar la menor oferta”, afirmó Silvio Ortega a este diario.
Si el Senepa compraba los equipos en la primera licitación a Eco Rural, iba a gastar G. 3.302 millones, mientras que la compra en el segundo llamado alcanzó G. 2.288, argumenta Ortega.
La empresa Eco Rural denunció las irregularidades también a la Secretaría Anticorrupción.