Contraloría bloquea datos públicos

La Contraloría General de la República no remitió los informes sobre los estudios patrimoniales de los “magos” de Aduanas, sospechosos de enriquecimiento ilícito. De esta forma, infringe la ley de Acceso a la Información Pública.

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El 23 de febrero pasado solicitamos información a la Contraloría General de la República sobre los estudios de correspondencia realizados a los "magos” aduaneros, sospechosos de enriquecimiento ilícito, entre ellos varios investigados por la Fiscalía desde hace un año. La institución no respondió nuestro pedido, transgrediendo la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece un plazo máximo de 15 días hábiles para proporcionar los datos.

Llama la atención el riguroso silencio de la Contraloría en el caso de los Aduaneros. Hace un año iniciaron estudio de correspondencia a un grupo de 10, no remitiendo ningún dictamen al Ministerio Público. En el 2015, también el exdefensor adjunto del Pueblo, Edgar Villalba solicitó análisis de bienes unos 30 aduaneros, pero el ente contralor no remitió ni uno sólo.

Los funcionarios aduaneros son conocidos como “magos” de las finanzas porque con sueldo de entre G. 3 millones y G. 13,5 millones, construyeron lujosas residencias, quintas de descanso, se desplazan en vehículos de lujo, vacacionan en lugares paradisíacos. Siguen impunes y mientras tanto, se acomodan en el equipo del poder político de turno. Mientras sus expedientes duermen en la Fiscalía, están haciendo campaña por el presidenciable colorado, Mario Abdo Benítez.

Después de varias denuncias periodísticas y recién a un año de abrirse el caso, los fiscales Claudia Morys y Hernán Galeano convocaron a declarar a cinco de ellos. Entre ellos se encuentran Gustavo Kirmser, cuestionado sindicalista aduanero que compró vehículos con cuotas de US$ 1.000 semanales, Elvis Carrera, jefe aduanero que con G. 3 millones, quien compró una flota de tractocamiones de unos US$ 50 mil cada uno y el afortunado joven Luis Pintos, quien en tres años de jefatura amasó G. 4.600 millones.  Fueron notificados para indagatoria, la semana entrante.

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