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El amparo constitucional promovido por el comunicador Juan Carlos Lezcano tenía como fin conocer los datos de las declaraciones juradas del presidente Horacio Cartes y el vicepresidente Juan Afara. La Contraloría lo tachó de improcedente bajo el argumento que para entregar ese tipo de información se necesita de autorización jurisdiccional y que esas declaraciones son más bien de carácter privado.
“Es necesario tomar en consideración que la mayor parte de los datos comprendidos en las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, no tienen vinculación con la condición de funcionarios públicos de los declarantes y, por ende, son de naturaleza privada”, alega en su resolución el ente de control estatal.
Además argumenta que “el artículo N° 3 inciso N° 5 de la Ley N° 5033/13 dispone que las declaraciones juradas deberían contener la autorización expresa e irrevocable del declarante, que faculte a la Contraloría General de la República a través de los órganos jurisdiccionales a dar a conocer los datos contenidos en su declaración jurada...”, subraya.
La presentación de la acción por parte del periodista independiente fue realizada en el mes de abril, se fundamenta en la Ley N° 5282/14 de acceso a la información pública, con el patrocinio de los abogados Ezequiel Santagada, Juan Pablo Fernández y Romy Fischer.
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También solicitaron las declaraciones juradas de gobernadores, concejales departamentales, intendentes y concejales municipales, ministros del Poder Ejecutivo, ministros del Poder Judicial, miembros de los directorios del Banco Central del Paraguay y el Banco Nacional de Fomento, directores y consejeros paraguayos de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá, además de los datos de varias otras autoridades de instituciones públicas.
A través del documento de rechazo, la Contraloría reconoce que estas declaraciones juradas ya han sido solicitadas en varias ocasiones y la respuesta fue la misma.
“Se han emitido bajo los mismos términos como postura institucional, con el fin de dejar constancia de que no existe, por parte de este órgano superior de control, interés de impedir a los ciudadanos el acceso a la información pública, pero resultaría atentatorio contra el Estado de Derecho y lesivo a la ley conceder las declaraciones juradas como se han solicitado”, puntualiza.