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“Seguramente van a apelar, pero acá lo importante es que, más allá de que apelen o no, cumplan estrictamente lo que establece el artículo 581 del Código Procesal Civil, donde se regula la apelación en casos de amparos que son favorables al amparista”, dijo Santagada, integrante del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI). “Esto traducido al lenguaje llano es: la sentencia se debe cumplir. Punto”, destacó.
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Ayer, el juez Rubén Riquelme dispuso, mediante un histórico fallo, la entrega del paquete de declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República entre el año 1998 y 2017, mediante una acción judicial promovida por el periodista Juan Carlos Lezcano.
“Seguramente van a empezar a decir que no lo tienen todo digitalizado, que les va a llevar mucho tiempo. No hay problema si tenemos que pasar una o dos noches fotocopiando documentos, ahí estaremos. Una orden judicial se tiene que cumplir; si no, estaríamos incurriendo en desacato”, advirtió Santagada.
El GIAI sostiene que las cifras de países que hacen públicas las declaraciones juradas son "contundentes", algo que se aprecia en un informe del Banco Mundial en que cerca del 90% de los países analizados disponían la publicación de esos datos.
Agrega que, con esto, la Contraloría quedaría sin argumentos para no brindar los datos solicitados. "Ellos (Contraloría) dicen que están de acuerdo con la transparencia, pero que lastimosamente el marco legal -según entienden- les impide hacer públicas estas declaraciones. Bueno, ahora le acabamos de ayudar. Ya que quieren ser tan transparentes, hay una orden judicial que les obliga a serlo", sostuvo.